La Corte Suprema recordó la facultad que posee de habilitar nuevos juzgados nacionales y federales creados por ley en el país y limitó uno de los artículos de la nueva ley de subrogancias, que otorgaba al Consejo de la Magistratura la "puesta en funcionamiento" de los tribunales.
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Mediante un fallo firmado en medio de cuestionamientos de distintos sectores de los tribunales a la forma en que se cubren las vacantes con subrogantes, la Corte instó al Consejo de la Magistratura a proveer de recursos presupuestarios, de infraestructura y materiales a una Cámara Federal de San Justo y dos juzgados federales de La Matanza.
El máximo tribunal recordó que guarda para sí la facultad de habilitar el funcionamiento de juzgados o tribunales que hayan sido creados por ley y en donde quienes lo integren hayan obtenido el cargo luego de someterse a concurso.
De esta forma, la Corte limitó uno de los artículos de la nueva ley de Subrogancias que dejaba abierta la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura habilitara la puesta en funciones de tribunales o juzgados.
"Mediante el ejercicio de los aludidos poderes connaturales irrenunciables, esta Corte se ha declarado competente para producir aquellos actos de gobierno que fueren necesarios para la firma defensa de sus atribuciones", dispuso la Corte.
"Entre los referidos actos de gobierno que ejerce esta Corte sobre el Poder Judicial, la puesta en funcionamiento d los tribunales creados por ley, como ordena la Constitución Nacional, es una atribución que el tribunal viene llevando a cabo sin interferencias de ninguna especie, antes ni después de la reforma constitucional de 1994", señalaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
Sobre los juzgados, la Corte explicó que la administración general del Consejo de la Magistratura informó que los recursos de infraestructura para la puesta en funcionamiento de los mismos "se encontraban previstos en el presupuesto", pero que "el Poder Judicial de la Nación no contaba con inmueble propio o alquilado en la localidad de San Justo".
Ante esa situación, es que el máximo tribunal del país instó al Consejo a agilizar la puesta a disposición de los recursos de infraestructura y de cargos.
