La entidad fabril manifestó su preocupación por el fallo del juez Alejandro López que exculpó a siete representantes de Camioneros que encabezaron protestas contra la firma Rey Distribuidora en 2021.
La protesta tuvo lugar frente a la planta de la empresa en San Pedro en el año 2021.
La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó este viernes en duros términos el fallo de un tribunal de San Nicolás que absolvió a los siete miembros de Camioneros acusados por los bloqueos realizados contra la firma Rey Distribución de San Pedro en el año 2021. Manifestaron que el derecho a huelga “no habilita el bloqueo de empresas” y calificaron la resolución como un “preocupante retroceso”.
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Alejandro López, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de la localidad bonaerense, reconoció que la protesta realizada de los representantes locales del gremio de transporte contra la distribuidora impidieron el normal funcionamiento de la compañía, pero consideró que se encontraban amparadas en el ejercicio de la huelga. Por ese motivo, descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Maximiliano Cabaleyro, titular de gremio local.
Para la entidad fabril el fallo “constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”. Y si bien reafirmaron el “absoluto respeto por los derechos constitucionales de los trabajadores, la libertad sindical y el legítimo ejercicio del derecho de huelga”, aclararon que “ningún derecho puede ejercerse mediante la vulneración de los derechos de otros”.
El derecho a reclamar “no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, marcaron.
La fiscalía había pedido 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por una década, mientras que los abogados de la familia Rey, dueña de la compañía, habían pedido una pena de 15 años. El juez, en cambio, descartó encuadrar la protesta -que duró cinco días- dentro de la figura de bloqueo, aseguró que fue legítima y ordenó la liberación de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria desde 2022.
Tras el fallo adverso, la gremial industrial que conduce Martín Rappallini afirmó que "Argentina necesita construir un marco de convivencia laboral basado en el diálogo, el respeto mutuo y el cumplimiento de la ley”. Mencionó como ejemplo los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral en pos de establecer “reglas claras” para la actividad económica.
“La seguridad jurídica es una condición indispensable para sostener las empresas existentes, promover nuevas inversiones, generar empleo formal y garantizar el desarrollo económico del país”, planteó la UIA y cargó contra el Poder Judicial: “La Justicia tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que la ley se cumpla y los derechos de todos los ciudadanos sean respetados por igual. Es indispensable que las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
La decisión del juez alcanzó a otros seis imputados que también participaron de las protestas contra la empresa de la familia Rey, en las que el gremio reclamaba por el traspaso de unos 35 trabajadores del convenio colectivo de Comercio al de Camioneros.
El empresario Ariel Rey anticipó este viernes que la familia apelará el fallo judicial. Consideró que los delitos de extorsión y el perjuicio económico generado por la protesta están probados y que esperan que el tribunal de alzada revierta la decisión de López.