El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó un decreto que dispone un plan de empadronamiento de cooperativas, que deberán registrarse hasta la medianoche para seguir recibiendo los planes de trabajo, ante lo cual se produjo una división entre las organizaciones que decidieron levantar el acampe y adherir a la propuesta y aquellas que no.
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El anuncio del plazo para la inscripción de cooperativas y cooperativistas, requisito para no perder la personería jurídica, fue interpretado por la Tupac Amaru como una "extorsión" para que las 23 organizaciones que mantienen el acampe en la Plaza Belgrano de la capital desistan de esa medida de fuerza en lo inmediato.
De esas 23 organizaciones, alrededor de 6 anunciaron que van a adherir al llamado "Plan de Regularización y Transparencia" del Gobierno, con lo cual definieron levantar el campamento.
Las restantes, mayormente vinculadas a la Tupac Amaru, sometían la decisión a una asamblea a desarrollarse en la noche de este miércoles, pero está previsto que el grueso de ellas rechace la propuesta del gobierno provincial.
El decreto 403 establece que vencido el plazo para el registro de las cooperativas, se suprimirán las personerías jurídicas y se proseguirá con la política de aplicación de multas que van de 5 a 6 mil pesos.
Aquellas personas que no estén registradas serán excluidas de cualquier beneficio o plan social, adjudicaciones de viviendas con escritura o loteo.
Una fuente de la Tupac Amaru sostuvo a NA que el cuestionamiento a la metodología empleada se debe a que el gobernador no reconoce a los dirigentes de las organizaciones, entre los cuales se destaca Milagro Sala, como interlocutora e intermediaria en una mesa de diálogo.
"Lo que planteamos es que que las organizaciones son autónomas y no puede venir Morales a decir quién dirige y quién no a las bases. Hay un proceso de construcción histórico. La Tupac tiene 16 años", explicó.
En este sentido, calificó el accionar del gobierno jujeño como una "intervención" sobre las organizaciones populares, y que el objetivo es "desarticular la organización" para "aplicar las políticas de ajuste que ya se están ejecutando en algunos municipios".
En el marco de esa disputa, Sala -históricamente enfrentada a Morales- fue imputada por el supuesto delito de "instigación a cometer delitos y tumultos" al promover el acampe en Jujuy.
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