El abogado de la empresa Hotesur, Carlos Alberto Beraldi, consideró que el juez federal Claudio Bonadio actúa con "una clara intencionalidad política en una causa que se encuentra plagada de irregularidades", y que el peritaje contable que ordenó el magistrado "no tiene mayor incidencia porque toda la información siempre estuvo a disposición del tribunal". "Desde el punto de vista técnico no existe ningún elemento para citar a indagatoria a Máximo Kirchner", aseveró.
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"Creemos que existe en esta causa una clara intencionalidad política de parte del magistrado. El expediente está plagado de irregularidades. Es bastante penoso que alguien utilice su poder en la Justicia con finalidades políticas", señaló Beraldi, representante legal de Romina Mercado, la presidenta de Hotesur.
En el marco de una causa por presunto lavado de dinero, Bonadio ordenó peritajes contables sobre la firma en cuestión y dispuso un procedimiento en la inmobiliaria que Máximo Kirchner tiene en Santa Cruz, que estuvo a cargo de la Policía Metropolitana.
"No se entiende que teniendo el juez a su disposición los efectivos de cuatro fuerzas federales recurra a una policía que sólo tiene competencia en la ciudad de Buenos Aires. Es un indicativo de que en esta investigación existen otros propósitos", apuntó el abogado en declaraciones al programa Minuto Uno de C5N.
En ese sentido, Beraldi desestimó la investigación por lavado de dinero que se sigue contra la firma hotelera, al remarcar que "todos los activos que ingresaron a la empresa están debidamente declarados".
"Para que tenga sustento una investigación por lavado de dinero, tiene haber plata en negro que ingrese a un circuito legal. Aquí eso no sucede. Los activos siempre estuvieron declarados como corresponde en cuentas bancarias que operaban en regla", sostuvo el letrado.
Además, consignó que los contratos de alquiler que vinculan a Hotesur con el empresario Lázaro Baez "son lícitos, regulares y con movimientos financieros transparentes".
"Si había problemas impositivos en esta causa estos debían haber sido investigados por el juez Javier López Biscayart (titular del Juzgado en lo Penal Tributario Número 1). Era él quien tenía que certificar las investigaciones estaban en curso. Por eso creemos que también hay una cuestión de incompetencia sobre Bonadio", fundamentó Beraldi.
