Una fundación elevó un reclamo formal a la ANSES. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo cuentan con las facultades necesarias para efectuar la supresión del beneficio previsional.
Alberto Fernández, en el ojo de las críticas tras la denuncia por violencia de género en su contra.
El pedido para quitar la pensión al expresidente Alberto Fernández podría no prosperar en lo inmediato. Fuentes de la ANSES indicaron a Ámbito que, a nivel oficial, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo cuentan con las facultades necesarias para suprimir la pensión presidencial recibida por el ex jefe de Estado.
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Esta mañana, la Fundación Apolo, una organización que busca luchar contra la corrupción, le exigió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la eliminación del beneficio previsional. Sin embargo, el órgano dependiente del Estado no posee facultades para avanzar con la supresión de la pensión y los ojos ahora se posan en el accionar de la Justicia.
En su presentación, la fundación firmante menciona una lista de episodios irregulares transcurridos durante la gestión de Alberto Fernández, como el "Vacunatorio VIP", la designación de la jueza Ana María Figueroa, la violación de su propio decreto de aislamiento durante la pandemia y la reciente acusación llevada a cabo por Yañez por violencia física y verbal. La carta enviada a la ANSES alega un "incumplimiento del requisito de mérito y honor" en su calidad de Presidente.
"El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de 'honorables' requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia. No caben dudas, entonces, que los requisitos de mérito y honor son determinantes a la hora de percibir el beneficio que nos ocupa", argumentó la Fundación Apolo en el texto.
Altas fuentes de la ANSES indicaron a este medio que Poder Ejecutivo y Legislativo no cuentan con las facultades para suprimir la jubilación.
Una nueva normativa que avale la eliminación de una jubilación de privilegio, de ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, incluiría a todos los nuevos presidentes desde la promulgación de la ley, pero no alcanzaría al propio Alberto Fernández.
Los caminos desembocan en la Justicia. El único escenario que permitiría la quita de la pensión presidencial al exmandatario es la presentación de una denuncia ante el Poder Judicial, el posterior fallo de un juez y el avance del reclamo ante todas las instancias de apelación. El caso, incluso, podría caer en manos de la Corte Suprema.
El disparador de esta nueva causa contra Alberto Fernández por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez surge de otra iniciada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ANSES y Nación Seguros que derivó en el escándalo de lo seguros. En ese expediente se investiga corrupción con pólizas y comisiones que involucra a Héctor Martínez Sosa.
En este marco, y según pudo averiguar Ámbito, tanto ANSES como Nación Seguros, la subsidiaria del Banco Nación implicada en el supuesto mecanismo de contrato exclusivo de seguros, solicitaron actuar como querellantes, pero la Justicia desestimó esa posibilidad por la presencia de funcionarios de la anterior gestión que cumplen funciones actualmente en la empresa.
El Gobierno de Javier Milei, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, se manifestó en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y descartó oficialmente eliminar la jubilación de privilegio del presidente del Partido Justicialista (PJ): "Es una cuestión de ley, no tenemos intervención en eso y no podemos tomar ninguna medida al respecto".
"La justicia debe seguir adelante con la investigación y, si es culpable, deberá pagar por lo que hizo. Apelamos a que la justicia investigue y lleve al país a un lugar de mayor justicia. Tanta propagando se le ha hecho y tantos millones de dólares hemos gastado en políticas de género, lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, política, crear empleo público y hacerse de recursos del Estado", sostuvo el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) en referencia a las fotos, los videos y los chats viralizados el jueves por la noche.
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