El radicalismo se sumó el viernes pasado a los pedidos de interpelación a Gustavo Béliz que ya habían presentado el justicialista Jorge Villaverde y el democristiano Alberto Natale, por las declaraciones del ministro sobre la existencia de una supuesta narcodemocracia en la Argentina durante los años '90 y sobre la existencia de leyes que, según el ministro, «fueron compradas o vendidas en el Congreso».
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Encabezados por Horacio Pernasetti, jefe de la bancada UCR, los diputados presentaron un proyecto de resolución donde solicitan la presencia del ministro ante el recinto y exigen que aclare si ha puesto en conocimiento de sus expresiones al Poder Judicial para que realice la investigación.
Béliz no es el ministro que cae más simpático en el Congreso, ni nada que se le parezca. No le perdonan sus múltiples saltos partidarios e irrita a los legisladores peronistas y radicales especialmente el haber pertenecido al gobierno de Carlos Menem y luego juzgado en los medios a quienes fueron sus compañeros de gabinete.
Por caso, sólo bastó que se mencionarasu nombre entre los concurrentes al acto por el 17 de octubre en la isla Martín García para que la mitad de los diputados se borrara del evento, aunque el ministro luego no concurriera.
Ahora tanto desde el radicalismo como el PJ, aunque este último desde las sombras, están dispuestos a hacerle explicar qué quiso decir cuando explicó que en la década del '90 el país pudo haber estado a merced de una « narcodemocracia», vocablo ampuloso y mediático que ya le valió a Béliz críticas desde el propio gabinete de Néstor Kirchner. Incluso porque muchos de los integrantes del actual gobierno, incluido él mismo, pertenecieron a la administración de Carlos Menem.
El proyecto presentado por los radicales fue firmado por Pernasetti, Leopoldo Moreau, Ricardo Vázquez, Margarita Stolbizer y Guillermo Corfield, advierte sobre la posibilidad de que el silencio del Congreso explica que: «Guardar silencio frente a la gravedad de los dichos del ministro sería ser cómplice de los delitos denunciados y también con su actitud». «Su falta de presencia eludiendo la acción y atribuciones de esta Cámara para requerir las explicaciones en los términos de la atribución conferida por la Constitución nacional, faltando a su obligación de denunciar judicialmente, serían considerados un agravio significativo a la investidura del Presidente», agregaron los diputados.
• Compraventa de leyes
La cuestión comenzó el 8 de octubre cuando en un Congreso de lucha contra el narcotráfico, Béliz afirmó que en los '90 «hubo funcionarios públicos que lavaron dinero sucio y que llegaron al poder sólo para enriquecerse y no para servir a la comunidad» y criticó las «conductas trágicas de funcionarios con valijas que iban y venían, y que atentaron contra la democracia».
Pero el punto que más irrita a los legisladores son las declaraciones que, además, involucran al Congreso: «hubo leyes compradas y vendidas en el Congreso como si fuera mercancía, ocurrieron campañas políticas obscenas, financiando aparatos políticos que muchas veces utilizaron drogas para conducir a los manifestantes a un evento o a un espectáculo público», dijo Béliz en ese momento convirtiendo casi en un cuento de niños las denuncias sobre la Banelco en el Senado por el debate sobre la reforma laboral.
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