Salario mínimo: el Gobierno logra 35% en 7 pagos a un año

Claudio Moroni.

Télam

El Gobierno hizo pesar ayer su condición de pagador central del salario mínimo, a través de su impacto en el valor de los planes sociales, y logró acordar con empresarios y sindicalistas un aumento de 35% en siete tramos con una cláusula de revisión en septiembre. El piso de ingresos registrados, que en la actualidad es de $21.600, trepará a $29.160 con el sueldo de febrero de 2022. El ajuste, que en lo formal alcanza a apenas 300 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos, incidirá de inmediato en los ingresos de 870 mil beneficiarios de planes que perciben el denominado salario social complementario, equivalente a la mitad del mínimo, y eventualmente lo hará sobre otros 4,5 millones de programas para sectores vulnerables.

El acuerdo se logró ayer al cabo de más de seis horas de negociaciones en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el voto favorable de 31 miembros, entre ellos la CGT, la CTA de los Trabajadores y todas las cámaras empresarias involucradas, y la única abstención de la CTA Autónoma. El valor supera por tres puntos porcentuales el 32% de pauta guía para las paritarias de este año que el propio Ejecutivo promocionó para la ronda de paritarias pero amplía su distancia respecto de la canasta básica de bienes y servicios que mide la pobreza y que supera los 61 mil pesos.

La suba se escalonó con una primera cuota de 9% en abril y seguirá con 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en agosto y otro tanto en noviembre, para finalizar con 5% más en febrero de 2022. En septiembre regirá la cláusula de revisión en caso de que la inflación hubiese superado esos parámetros. Los porcentajes aplicarán también en las mismas fechas para las prestaciones por desempleo. En octubre del año pasado se concretó la reunión previa del Consejo del Salario, la primera en la gestión de Alberto Fernández, con un aumento de 28 por ciento en tres tramos que terminó por regir por siete meses.

Frente a la inflación acumulada en los últimos meses y por la cantidad de cuotas la suba luce exigua sobre todo si se tiene en cuenta que las consultoras privadas proyectan un aumento de la canasta básica más cercano al 50% para este año, lejana del 29% que plasmó el Ejecutivo en el Presupuesto 2021. En las centrales obreras alegaron, sin embargo, que el ajuste nominal se ubica por encima de las paritarias más importantes cerradas en lo que va del año como la de Comercio, que esta semana fijó un 32%, la Asociación Bancaria, con 29% y dos revisiones, los albañiles de UOCRA, con 35,8% o los encargados de edificios, también con 32 por ciento.

Lo empresarios, por su parte, intentaron hasta último momento evitar la inclusión de una cláusula de revisión, un instrumento habitual en las paritarias pero hasta ahora jamás plasmado formalmente en el Consejo del Salario. Fue, no obstante, la manera de contentar a la CGT que había acudido a la reunión con la hipótesis de cerrar un entendimiento por apenas seis meses, de abril a octubre.

Por fin primó la posición más identificada con el ministro de Economía, Martín Guzmán, de generar una suba moderada por doce meses y espaciada en varios pagos para evitar mayor impacto en los desembolsos para los planes sociales. La voz cantante de la negociación la llevó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y también tuvo protagonismo su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, responsable del mapa de planes sociales que se modificará a partir del nuevo salario mínimo. También participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien destacó la negociación como parte de los “ámbitos de diálogo, de discusión y de puesta en común” para disponer “una recomposición real de los salarios, que le ganen a los precios de la economía y a la inflación”.

Además de la CGT y las dos CTA estuvieron como invitados dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Por las cámaras patronales hubo representantes del sector industrial (UIA), mercantil (CAC), de la construcción (Camarco), el agro, los bancos, la Bolsa de Comercio, el rubro hotelero y gastronómico y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).