Los Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, reunidos en jornadas de su Secretariado Permanente en la ciudad de Buenos Aires expresaron su rechazo y repudio a las expresiones sobre el sistema de control público vertidas en los medios de comunicación nacionales y provinciales por el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.
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A su vez, instaron a Despouy a reflexionar sobre estas temáticas ya que en ningún caso el interés personal puede anteponerse al respeto que se debe guardar al pueblo de la Argentina y a sus instituciones democráticas, las cuales son garantizadas por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constituciones Provinciales y Cartas Orgánicas Municipales.
Con sus expresiones acerca de que "la Argentina es un país sin cultura de control con sus organismos de control anestesiados", lesiona injustamente al sistema de control público de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Estas consideraciones dejan de manifiesto su ignorancia respecto del accionar de los órganos de fiscalización y control. Desconocer la tarea permanente e incansable que desarrollan los empleados y funcionarios de estas entidades significa menospreciar el esfuerzo de aquellos que a pesar del clima, las condiciones geográficas y, en algunos casos, la inaccesibilidad, recorren las localidades para cumplir con las funciones encomendadas.
"Además, Despouy ignora que desde la creación de la Red Federal de Control Público en 2004, al control contable y de legalidad que realizan los Tribunales de Cuentas y organismos de control público se le añadió el control de gestión y resultados", cita un comunicado y destaca que los dichos del radical subestiman a los ciudadanos que con sus impuestos sostienen la organización del Estado al que él mismo pertenece como funcionario público.
Con respecto a sus palabras sobre "la necesidad de un cambio en la arquitectura institucional de las áreas de control", Despouy parecería desconocer que el cambio efectuado en la reforma de 1994 le otorgó rango constitucional a la Auditoría General de la Nación, carente de funciones jurisdiccionales que le impiden juzgar las responsabilidades de los empleados públicos, cuestionaron.
