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En este sentido, consignó que la renovación de los documentos nacionales de identidad forma parte de un proyecto que analiza su cartera para reunir todos los datos de los argentinos con el fin de facilitar la confección de padrones electorales, optimizar los controles de Migraciones, y eliminar los documentos apócrifos.
En una entrevista publicada en la edición de un matutino porteño, Aníbal Fernández estimó el costo total de la implementación del proyecto sería de alrededor de "160 millones de dólares", cifra que surgió del cálculo de 4 cuatro dólares por documento por 40 millones de personas.
De todos modos, el ministro del Interior planteó que para quienes no tengan dinero para pagar el nuevo documento nacional de identidad el Estado deberá ser "el que corra con eso" y que, "para los que lo deban pagar, se buscarán alternativas que le den ventajas al documento, para que tenga sentido su reemplazo".
"El Estado deberá hacerse cargo de quienes no puedan pagarlo", sostuvo el titular de la cartera política, quien, en las declaraciones que realizó a La Nación, consideró que la renovación de los documentos, con la sugerida unificación de todas los datos sobre los argentinos, "va a ofrecer una cantidad de ventajas".
"Estamos convencidos de que hay muchos documentos apócrifos en la calle y la mejor manera de eliminarlos es el reemplazo", sostuvo Fernández y agregó que "el secreto es que el Estado incentive la utilización de la base de datos para que los que puedan pagar lo cambien porque les convenga".
Entre las ventajas de este recambio, el ministro mencionó la posibilidad de elaborar "automáticamente" los padrones "sin gastar un centavo más", como así también de ejercer un mayor control en el área de Migraciones, donde -según reconoció- "hoy no son seguros ni el ingreso ni la salida de las fronteras del país".
También, Fernández anticipó que será conformada en el ámbito del Ministerio del Interior una comisión que se abocará "a estudiar todos los contratos que están dando vueltas en el Estado relacionados con temas documentarios" con el fin de poder evaluar "qué es lo que puede ser utilizado".
En este marco, indicó que "en algún momento" tendrá que definirse si se le va a pagar a la empresa Siemens, sostuvo que "mientras tanto ese expediente tiene que arrojar que hay cosas que le pertencen al Estado" y planteó que "en todos los convenios que estén dando vueltas uno tiene que saber exactamente qué alcance tienen", para lo cual "se van a revisar todos los contratos".
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