El diario «La Nación» a veces entrega sorpresas. Una de ellas fue el editorial del domingo último, en el que fundamenta su rechazo a la decisión del gobierno sobre la nominación de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema. Detalla mejor los argumentos similares expresados en este diario: el carácter de teórico situado en la corriente que tiende a cuestionar la propia utilidad del derecho penal y algunos fallos y teorías altamente polémicos que favorecieron a delincuentes.
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Así como en otras oportunidades lamentamos que se designara en la Corte Suprema a personas que no tenían antecedentes relevantes en el campo del conocimiento jurídico, en esta ocasión debemos reconocer que la elección ha recaído en un jurista de indiscutible mérito y de reconocida jerarquía académica.
Las virtudes que se necesitan para sobresalir como tratadista eminente o como profesor de alto nivel académico no son necesariamente las mismas que se requieren para administrar Justicia en el nivel de responsabilidad más elevado del Poder Judicial de la Nación.
El doctor Zaffaroni suma, a su condición de jurista, el perfil de un hombre políticamente próximo al espectro ideológico que acompaña al presidente Néstor Kirchner, cuya candidatura apoyó abiertamente. Es decididamente desalentador que el titular del Poder Ejecutivo haya propuesto en primer lugar para integrar el máximo tribunal de la República a un candidato «amigo», a un hombre que mantiene con su gobierno una inocultable afinidad política e ideológica. Al actuar de ese modo, el doctor Kirchner ha incurrido en un error, que esperamos sea reparado a tiempo.
Ha desaprovechado la oportunidad histórica que él mismo abrió al dictar el decreto por el cual se autolimitó en el ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere para designar a los miembros de la Corte.
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