Ya en 2007 la Justicia avaló designaciones en la AGN antes del recambio legislativo

Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón

La polémica que surgió este miércoles en el Congreso por la designación de dos funcionarios kirchneristas en la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un antecedente cercano, del 2007, cuando la oposición impugnó nombramientos en la Justicia, pero luego un fallo los avaló.

La ley establece que dos de los tres auditores generales que designa la Cámara de Diputados son para la mayoría y el tercero, para el "principal partido de la oposición". En ese marco, el Frente para la Victoria propuso a Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón, ex secretario de Justicia y ex presidente del Banco Nación respectivamente, para reemplazar a Oscar Lamberto y Vicente Brusca, cuyos mandatos vencieron el 5 de septiembre último.

Pero la oposición cuestionó la validez de esas designaciones y prometió recurrir a la Justicia para frenarlas, con el argumento de que los reemplazantes de los actuales miembros de la AGN deben ser elegidos por la nueva composición de la Cámara baja, una vez que asuman los legisladores electos, el 10 de diciembre.

Lo mismo ocurrió en 2007, cuando los que juraron fueron Lamberto y Brusca, en lugar de César Arias y Mario Fadel. En ese entonces, los diputados del ARI Marcela Rodríguez, Adrián Pérez y Fernando Sánchez y la radical Elisa Carca plantearon ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo para derogar las nominaciones.

Sin embargo, siete días después la jueza subrogante Cecilia De Negre consideró que "el carácter de diputado de la Nación no otorga legitimación suficiente para actuar en procesos como el presente" y desestimó la cautelar. El 7 de noviembre de 2007 se votó, el 13 se judicializó y el 20 se rechazó. Fuentes legislativas y judiciales aseguran que lo mismo ocurriría ahora, si es que efectivamente la oposición presenta un amparo.

Es curioso que tanto Sánchez como Pérez todavía ocupan bancas en el Congreso y son los mismos que ahora prometen judicializar la elección de Álvarez y Forlón, junto con otros legisladores. Pérez ya no pertenece al ARI, ahora milita en el Frente Renovador.

Los opositores consideran que la votación en Diputados fue ilegal y que las designaciones se deberían concretar después del 10 de diciembre. Dicen que es ilegal por que la iniciativa no cumplió el reglamento de la Cámara, al no incluirla en el temario del día. Y que los auditores deben asumir tras el recambio parlamentario porque especulan que si alcanzan a convertirse en el futuro Gobierno, se pueden quedar con cinco de los siete miembros de la AGN.

En respuesta, el oficialismo asegura que las juras estaban en agenda porque se trataron en la reunión de Labor Parlamentaria en la que participan todos los jefes de bloque y que se trató de una "moción" presentada por el FpV, que no requiere incorporación formal al temario, ni un acuerdo explícito o particular para que sea tratado en la sesión y se aprueba por el voto nominal. De hecho, una "moción" no es un proyecto de ley y no tiene un tratamiento especial, ni el procedimiento habitual de una ley.

Asimismo, desde el FpV destacan que la votación resultó 128 afirmativos, 53 negativos y 53 abstenciones y que al tomar partido por una posición (la negativa) reconocieron la legalidad del tratamiento de la moción y se opusieron a su contenido.

Pero además, en el kirchnerismo advierten que el radicalismo se niega a nombrar a su auditor para utilizar esa carta a su favor en una posible negociación con Mauricio Macri después del balotaje.