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El Ministerio de Sanidad justifica la ley argumentando que el 16 por ciento de todas las muertes que se producen en España de personas mayores de 35 años son consecuencia del consumo de tabaco.
La ley pretende limitar la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco y en ella prima el derecho de los fumadores a respirar aire no contaminado.
Sin embargo, desde el Club de Fumadores por la Tolerancia se alega que la ley "somete a los fumadores a la persecución y a la inseguridad jurídica" y afirma que Sanidad tiene dudas, surgidas de las llamadas a un teléfono de consultas habilitado por el Ministerio, que no puede resolver.
A la vuelta de las vacaciones navideñas, no se podrá fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre, ni en los centros comerciales y salas de fiesta cuando se permita la entrada a menores, puesto que la edad legal para fumar son los 18 años.
Tampoco estará permitido encender un cigarrillo en los transportes públicos. En los trenes, por ejemplo, Renfe ha ofrecido a sus empleados un plan de formación para atender posibles crisis de ansiedad durante los viajes.
Uno de los aspectos más polémicos es la adaptación de los bares y restaurantes a la nueva normativa, ya que los locales con menos de 100 metros cuadrados habilitados al público tendrán que decidir si su establecimiento será un espacio libre de humo o no.
El resto tendrá un plazo de ocho meses para adaptar el local a la ley antitabaco, que incluye habilitar una zona de fumadores señalizada que no supere el 30 por ciento del local ni los 300 metros cuadrados.
Las zonas para fumadores tendrán que contar además con un sistema de ventilación independiente y deberán estar completamente compartimentadas.
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