Cabildo Abierto consiguió las firmas necesarias para el plebiscito contra la usura

El partido llegó al mínimo necesario y busca alcanzar un colchón para sobrellevar anulaciones en la Corte Electoral.

Cabildo Abierto aspira a que su plebiscito se vote en el balotaje de noviembre.

Foto: @Lista510

Cabildo Abierto (CA) llegó al mínimo de firmas necesarias para convocar a un plebiscito por "una deuda justa y contra la usura" en el balotaje de noviembre, anunció este martes su líder, el senador Guido Manini Ríos, quien, no obstante, pidió seguir con la recolección para tener un “colchón” de apoyos.

"Tenemos hasta el próximo 24 mayo para presentar las firmas", recordó el también precandidato presidencial y aseguró que CA “sigue trabajando intensamente” para juntar más rúbricas porque considera importante tener un “extra” en caso de que varias de ellas sean rechazadas por la Corte Electoral.

El PIT-CNT, por ejemplo, presentó 430.023 firmas para su plebiscito contra la reforma de la seguridad social y, hasta el momento, la Corte rechazó el 20% de las firmas analizadas. El mínimo solicitado es de 270.000.

"Sabemos que hay descartes estadísticamente, por lo cual tenemos que pasar las 300.000 firmas para estar más tranquilos. Estamos trabajando intensamente", afirmó Manini Ríos.

No obstante, no está asegurado el plebiscito contra la usura en noviembre ya que hay expertos que sostienen que la Constitución solo prevé que las consultas populares se hagan en primera vuelta puesto que el balotaje no es obligatorio y solo ocurre si ningún candidato supera el 50% de los votos. Sin embargo, las segundas vueltas son tradicionales en Uruguay.

Cabildo Abierto lanzó su plebiscito el año pasado luego de que fracasara en el Parlamento un proyecto de ley en el mismo sentido. El argumento del partido, criticado por el Partido Nacional, sectores del Frente Amplio y el sector bancario, es que existen "centenares de miles de uruguayos que hoy son considerados deudores irrecuperables" como consecuencia de los intereses que cobran las entidades financieras.

Básicamente, la iniciativa pretende modificar el artículo 52 de la Constitución para establecer la "prohibición de la usura" y fijar "el interés máximo por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas (UI)". A su vez, señala penas contra los "contraventores" de las medidas y añade que "nadie podrá ser privado de su libertad por deudas".

En Uruguay hay más de 700.000 personas calificadas como deudores con dificultad en su capacidad de pago, según la Central de Riesgos Crediticios (CRC) del BCU que, a mayo de 2023, tenía registradas 1.905.155 personas del país como deudores.