Cardama acusa al gobierno de dañar su reputación y advierte sobre acciones legales

El astillero español solicita la apertura de un diálogo “inmediato y constructivo” con las autoridades para encauzar el proyecto.

El astillero Francisco Cardama emitió un comunicado este domingo en el que rechaza el anuncio del gobierno sobre la decisión de rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023.

Foto: Astillero Cardama

El astillero Francisco Cardama emitió un comunicado este domingo en el que rechaza el anuncio del gobierno sobre la decisión de rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023, para la construcción de dos patrullas océanicas, además de sostener que las declaraciones realizadas por los jerarcas han generado "un daño reputacional injustificado" a la imagen internacional de la empresa.

Según Cardama, no existe incumplimiento alguno por parte de la empresa ni perjuicio hacia la administración nacional, y destaca que continúa cumpliendo con su cronograma de obra y con la adquisición de materiales conforme a lo pactado. En ese sentido, la compañía se ofrece a reemplazar la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato— por otra alternativa que satisfaga los requisitos que el Estado considere adecuados.

“Francisco Cardama S.A. es una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto", comienza el escrito presentado este domingo. Asimismo, el comunicado destaca que la empresa ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. "Resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la administración y sus contratistas”, se indica.

En este sentido, se aclara que la firma continúa "cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”. Además en el comunicado se solicita "la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses".

Preocupación por la reputación del astillero

Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, que presentaría irregularidades, desde el astillero indicaron que están dispuestos a sustituirla por otra garantía de fiel cumplimiento que cumpla con las condiciones que el gobierno considere adecuadas. "Las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración. En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este Astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión. No se ha ocasionado perjuicio alguno a la Administración uruguaya y se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra", expuso.

En el comunicado también resaltan que “las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente”.

"Francisco Cardama, S.A. solicita la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses".

El gobierno presentó el viernes por la tarde la denuncia penal y civil contra el astillero español Cardama, encargado de la construcción de las dos patrullas oceánicas de tipo OPV, por un presunto "fraude o estafa" contra el Estado uruguayo: "La garantía era de una empresa inexistente", apuntó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, como uno de los principales factores que llevaron a la presentación judicial.