Cardama cambia de estrategia y desiste de la demanda contra Uruguay

El astillero español dejó sin efecto la conciliación solicitada previo a una demanda millonaria, en busca de "otros caminos para la defensa de sus derechos".

Cardama cambia de estrategia y desiste de la demanda contra Uruguay.

El astillero español Cardama desistió de la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo incluso antes de que se confirmara la rescisión del contrato por la construcción de las patrullas oceánicas (OPV), y "analiza otros caminos" para la "defensa de sus derechos".

El fraude denunciado por el gobierno contra Cardama sigue siendo uno de los principales temas de debate en la escena política, sobre todo a partir de la creación de la comisión investigadora bicameral para analizar el proceso de compra de las patrullas y la posterior rescisión del contrato; pero también porque todavía se mantiene el compás de espera respecto de una posible respuesta del astillero español.

En ese sentido, el semanario Búsqueda informó que, apenas dos horas después de que se confirmara oficialmente la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto el contrato por la construcción de las dos patrulleras oceánicas —a partir del argumento de reiterados incumplimientos por parte de la empresa extranjera—, la posibilidad de una demanda millonaria contra el Estado uruguayo en el plano civil quedó, por lo menos, suspendida.

Cambio de estrategia en Cardama

Es que, en la tarde del pasado 13 de febrero, un abogado del estudio Hughes & Hughes que representa a la compañía española presentó un escrito ante el Juzgado de Conciliación de 2° turno, solicitando que quedara sin efecto la convocatoria a una audiencia de conciliación con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) fijada para el 16 de marzo. Dicha instancia, que había sido pedida el 18 de diciembre, era previa al inicio de una denuncia civil contra el Estado uruguayo.

“Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos", expresó el documento, en relación al cambio de escenario luego de que el gobierno confirmara la rescisión del contrato ante los "fuertes indicios" de acciones fraudulentas contra el Estado.

El escrito, de apenas tres párrafos, fue aceptado en el Juzgado y la jueza Karen Leticia Ramos emitió una resolución para dar cumplimiento con el pedido y archivar el caso. La misma fue notificada al Ministerio de Defensa el pasado jueves 5.

De todos modos, el accionar decidido por Cardama respecto no impide que el astillero pueda presentar otra demanda en el futuro; si bien podría haber modificado el alcance de su pedido de conciliación inicial —la cual apuntaba a una violación en la confidencialidad del contrato y a intencionalidades políticas por parte del gobierno— en lugar de desistir.

El reclamo del astillero español incluía la ejecución del contrato y el pago de los 53.576.000 euros para continuar con la construcción de las dos patrullas oceánicas. Sobre esa suma —en caso de haber continuado con la instancia de mediación y ésta se hubiera resuelto en contra del Estado uruguayo—, había que hacer una "recomposición económica" por el impacto de las acusaciones en toda la cadena de proveedores, cuyo total se estimaba en 48 millones de euros, pero que seguía “incrementándose conforme la gravedad de los sucesos”.

Se suman los documentos falsos

En paralelo, Búsqueda confirmó que otro aval presentado por Cardama al gobierno anterior para avanzar con el proceso de compra de las patrullas oceánicas también sería falso, en tanto el banco supuestamente emisor negó haber confeccionado ningún tipo de documentación ni acuerdo con el astillero español.

Al respecto, el banco francés Société Générale —una institución financiera de prestigio internacional— y, específicamente, su sucursal en Camerún, negaron haber emitido el aval presentado por el mismo Mario Cardama al Ministerio de Defensa en julio de 2024, en ese entonces ya con Armando Castaingdebat al frente de la cartera.

El documento en cuestión se trata de un borrador de la garantía de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros, la cual luego fue reemplazada por la de EuroCommerce Bank, un documento casi idéntico al supuestamente emitido por Société Générale; la cual terminó siendo una empresa "de papel" y origen de las investigaciones del gobierno que derivaron en la rescisión del contrato.

El banco de origen francés negó a Búsqueda haber emitido el aval en cuestión, e incluso negó que el astillero ni la compañía mencionada por Cardama en el borrador —Heritage Capital Cameroon— hayan sido clientes de la entidad.