El debate fiscal que Uruguay prefiere evitar

El sistema tributario cuenta con problemas estructurales y debe encarar reformas profundas para ser más simple, competitivo y orientado al crecimiento económico.

Uruguay se debe un debate en materia fiscal.

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Uruguay cumplió un año bajo el gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi y, en ese aniversario, el primer mandatario dio un discurso en la Asamblea General. Como suele ocurrir en este tipo de instancias, hubo balance, anuncios y una reafirmación de prioridades. En materia fiscal, el eje estuvo puesto en el orden de las cuentas públicas y en la implementación del Impuesto Mínimo Global (IMG) para multinacionales. Nada demasiado sorprendente. Tampoco, si uno mira con atención, demasiado relevante para los problemas estructurales del sistema tributario uruguayo.

El verdadero debate fiscal que Uruguay necesita dar es otro: cómo reducir la carga tributaria sobre el trabajo y la producción, y cómo hacer que el sistema sea más simple, más competitivo y más orientado al crecimiento económico.

Hoy el sistema tributario uruguayo descansa fuertemente sobre impuestos al trabajo y al consumo. El IRPF y el IASS gravan los ingresos laborales y las jubilaciones, mientras que el IVA —uno de los más altos de la región— pesa sobre prácticamente todos los bienes y servicios. Estos tributos, si bien son relativamente fáciles de recaudar, tienen efectos negativos sobre el empleo, la formalización y el poder de compra de los hogares.

Al mismo tiempo, la presión fiscal total de Uruguay es elevada para su nivel de desarrollo. Según datos de organismos internacionales, el país recauda en torno al 27% del PIB en impuestos y contribuciones sociales, una cifra que lo ubica por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, la calidad del gasto público y la eficiencia del Estado no siempre acompañan ese esfuerzo tributario.

Reformas profundas al diseño general del sistema impositivo

Frente a este panorama, la discusión pública suele concentrarse en ajustes marginales o en nuevas figuras impositivas, en lugar de abordar reformas más profundas. Se debate si subir o bajar alguna tasa, si crear un nuevo gravamen sectorial o si ampliar la base de un impuesto existente. Pero rara vez se discute el diseño general del sistema.

Un sistema tributario moderno debería cumplir al menos cuatro objetivos: recaudar lo necesario para financiar al Estado, hacerlo de la manera menos distorsiva posible, ser simple de administrar y contribuir a la competitividad del país. Uruguay cumple razonablemente bien el primero de estos objetivos, pero tiene dificultades en los otros tres.

La complejidad normativa es uno de los principales problemas. Existen múltiples regímenes, exoneraciones, deducciones y tratamientos especiales que hacen que el sistema sea difícil de entender incluso para quienes trabajan diariamente con él. Esta complejidad genera costos administrativos, incentiva la planificación fiscal agresiva y erosiona la confianza de los contribuyentes.

Además, la estructura de incentivos muchas veces termina favoreciendo actividades o sectores específicos en lugar de promover un entorno general favorable a la inversión y la productividad. El resultado es un sistema con ganadores y perdedores definidos por la normativa, más que por la eficiencia económica.

Si Uruguay quiere crecer más rápido y generar más empleo de calidad, necesita un sistema tributario que premie la inversión, la innovación y el esfuerzo productivo. Esto implica, entre otras cosas, revisar la carga sobre el trabajo, simplificar impuestos y evaluar seriamente la eliminación de tributos de baja recaudación, pero alto costo administrativo.

Gasto público, tamaño del Estado y desafío político

También requiere discutir el tamaño y la eficiencia del Estado. Ninguna reforma tributaria es sostenible si el gasto público sigue creciendo de forma sistemática por encima de la economía. El debate fiscal, por lo tanto, no puede limitarse a cómo recaudar más, sino también a cómo gastar mejor.

El desafío es político además de técnico. Reformar el sistema tributario implica tocar intereses, modificar equilibrios y asumir costos en el corto plazo. Por eso muchas veces se posterga. Pero cuanto más se demora la discusión, más difícil se vuelve.

Uruguay tiene instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica y una larga tradición de responsabilidad fiscal. Esas fortalezas deberían ser la base para animarse a un debate más ambicioso sobre el futuro del sistema tributario. Uno que vaya más allá de los anuncios coyunturales y que piense en las próximas décadas, no en el próximo ciclo electoral.

*Abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional