La oposición se apoya en aspectos jurídicos para cuestionar la rescisión con Cardama

El exprosecretario, Rodrigo Ferrés, aseguró que hubo un "error de procedimiento" de la gestión actual, mientras que desde el Partido Nacional tienen "plena tranquilidad".

La oposición se apoya en aspectos jurídicos para cuestionar al rescisión con Cardama.

La rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) sigue generando reacciones entre la oposición y los integrantes del gobierno anterior, durante el cual se realizó la compra: ahora, fue el exprosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien aseguró que la polémica podría haberse solucionado "constituyendo una nueva garantía".

A pocos días de que la comisión investigadora bicameral sobre todo el proceso de compra de las patrullas oceánicas comience a trabajar oficialmente, Ferrés publicó una carta abierta en la cual consideró que la rescisión unilateral de contrato con Cardama supone un "error de procedimiento" por parte del gobierno que, además, vulnera principios fundamentales del Derecho Administrativo.

El texto, que funciona como un alegato contra tal decisión, apunta a los aspectos jurídicos que dan cuenta de la presunta equivocación desde su perspectiva, no solo como exfuncionario y partícipe del proceso de oficialización del contrato con el astillero español; sino también en su calidad de profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Un contrato válido y la posibilidad de una nueva garantía

Entre sus principales argumentos, Ferrés sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento —cuya falsedad es el pilar principal sobre el cual el gobierno decidió rescindir con Cardama— es "un requisito de eficacia del contrato", pero no un elemento esencial que determine su nulidad. Esto, a partir de la diferenciación técnica entre la validez y la eficacia de un contrato.

En ese sentido, el exprosecretario —que luego ocupó la Secretaría, tras la renuncia de Álvaro Delgado al cargo— un contrato administrativo se perfecciona y adquiere validez con la notificación de la adjudicación y la firma de las partes, por lo que el contrato con Cardama es un acto jurídico existente y válido; y ese carácter no se modifica por la falta o la irregularidad en la garantía, sino que ese factor hace posible su ejecución: su ausencia no anula el contrato, sino que deja en suspenso sus efectos.

De todos modos, señaló que, en el caso de las patrullas oceánicas, los servicios jurídicos competentes y el Tribunal de Cuentas (TCA) entendieron en su momento que la garantía “estaba debidamente constituida”, razón que habilitó que el contrato comenzara a ejecutarse y a “producir efectos jurídicos (eficacia, ejecutividad)”.

Más allá de esto, Ferrés insistió en que la administración actual tiene la obligación de gestionar la continuidad del contrato antes de optar por su rescisión, sobre todo, considerando que “no toda ilegitimidad formal apareja nulidad” y que “la invalidez admite grados”, en referencia a las irregularidades con la garantía: un "vicio subsanable" salvo que hubiese existido una "maniobra dolosa" o que la empresa no tuviera la voluntad de corregir la situación ante una intimación —algo en lo que insiste Cardama pese a que, desde el Poder Ejecutivo, negaron cualquier tipo de voluntad de este tipo por parte del astillero español.

Guiado por el principio de buena fe, y en en procura del interés público comprometido, el gobierno debería intentar “subsanar la situación constituyendo una nueva garantía”; y buscar que la aplicación del artículo 70 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) —que prevé la facultad del Estado de rescindir contratos unilateralmente y que, según Ferrés, “ha sido cuestionada por no tener base constitucional”— sea "muy excepcional".

El exjerarca afirmó además que los contratos administrativos deben interpretarse “pro vigencia” y “pro continuidad”, en línea con el principio de conservación de los contratos, y sostuvo que la rescisión unilateral “debe ser la última alternativa”.

"Tenemos plena tranquilidad"

Por su parte, el directorio del Partido Nacional (PN) sesionó el lunes para expresar su respaldo a los exministros de Defensa Nacional (MDN), Javier García y Armando Castaingdebat, ante lo que el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró como un "ataque inmundo" con "una intencionalidad muy jorobada" de "enchastrar una trayectoria".

Entre las filas blancas apuntan a una "intencionalidad política" detrás de la decisión de rescindir el contrato con Cardama e insisten en la consecuencia millonaria que tendrá en caso de que el astillero español resuelva avanzar en el plano de la justicia internacional.

En tanto, el senador Martín Lema aseguró que el partido tiene "plena tranquilidad del accionar de los equipos en el período pasado y muchas dudas de por qué se da esta rescisión". "Entendemos que el proceso que se fue dando durante este periodo por parte del Frente Amplio (FA) fue infantil y con las prioridades desordenadas", sostuvo.