El astillero español Cardama comenzó la construcción de las dos patrullas oceánicas tipo OPV encargadas por Uruguay durante el gobierno anterior por más de 82 millones de euros, en medio de la investigación local que impulsa el Ministerio de Defensa sobre el proceso de compra y sin la presencia de autoridades de la actual gestión.
Comenzó la construcción de las polémicas patrullas oceánicas OPV en España
El Ministerio de Defensa impulsa una investigación administrativa sobre el proceso de compra hecho en la anterior administración, pero deberá pagar el 30% del total de la obra con el inicio de los trabajos.
-
El gobierno apunta contra la compra de las patrullas oceánicas e iniciará una investigación administrativa
-
El Frente Amplio lleva al Parlamento la polémica por la compra de las patrullas oceánicas
Comenzó la construcción de las polémicas patrullas oceánicas OPV en España.
El acto de inicio fue el jueves en Vigo, España, y la ausencia de autoridades del actual gobierno encabezado por Yamandú Orsi dice mucho sobre el malestar que hay en la gestión respecto del contrato y todo el proceso de licitación para la adquisición de las patrullas oceánicas para la Armada. De hecho, ni la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ni ninguna otra autoridad de la cartera aceptaron la invitación de Cardama.
En el evento en que comenzó la construcción de los buques, se colocó el primer bloque con las banderas de España y Uruguay en una de las vías del astillero, y está previsto que la quilla de la segunda patrulla se coloque en diciembre.
El acuerdo, que implica una compra por más de 82 millones de euros, estipula que Cardama deberá entregar el primer OPV en un plazo de 18 meses, mientras que el segundo llegará a los 30 meses desde la firma del documento. Si bien la puesta de la quilla tiene un carácter simbólico, también representa un nuevo desembolso por parte del gobierno, porque por contrato debe librar otro 30% del monto total de la obra.
El gobierno busca una investigación administrativa
Mientras tanto, el gobierno ultima detalles de una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa, a la vez que Lazo resolvió sancionar con arresto a rigor al excomandante de la Armada, Jorge Wilson, otros dos contralmirantes y un capitán de Navío, por razones de comportamiento y por no dar información solicitada en el marco del trabajo llevado a cabo por el equipo de la ministra.
Desde que comenzó el proceso internacional de compra, la situación en torno a las patrullas oceánicas (OPV) despertó diversas polémicas que, ahora, se condensan en el impulso de la investigación administrativa anunciada por la titular de Defensa, la cual comenzará una vez que el grupo de trabajo obtenga más información sobre la adquisiciones.
El coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, había explicado que las decisiones en torno a la compra de las OPV se apoyaban en "una falta de transparencia” y un “cúmulo de irregularidades importantes”. “Estamos hablando que se pagaron cerca de 16 millones de dólares a un astillero naval que no tiene experiencia en el armado de patrullas oceánicas de este estilo por lo que para las autoridades parlamentarias es importante conocer en qué está esta situación, y también hablar sobre un segundo pago que se le realizó al astillero de manera poco clara”, remarcó, en conferencia de prensa.
Según adelantó Lazo, además, el Ministerio hizo "consultas desde el punto de vista técnico a la Universidad de la República" para completar la información disponible. "Cuando tengamos eso, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con la investigación administrativa", explicó ante la prensa.
De todos modos, sostuvo que, por el momento, el proceso de compra al astillero español sigue en pie. "Pero vamos a ver cómo se sigue", agregó.
- Temas
- Uruguay
- Defensa
- Frente Amplio


Dejá tu comentario