El gobierno apunta contra la compra de las patrullas oceánicas e iniciará una investigación administrativa

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, espera un informe completo del equipo de trabajo y la UdelaR para iniciarla.

El Ministerio de Defensa iniciará una investigación administrativa sobre la compra de las patrullas oceánicas OPV.

Captura: @MDN_Uruguay

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) realizará una investigación administrativa sobre la compra de las patrullas oceánicas OPV adquiridas por la gestión anterior, ante lo que considera una falta de transparencia de la operación.

Desde que comenzó el proceso internacional de compra, la situación en torno a las patrullas oceánicas (OPV) despertó diversas polémicas que, ahora, se condensan en el impulso de la investigación administrativa anunciada por la titular de Defensa, Sandra Lazo; la cual comenzará una vez que el grupo de trabajo obtenga más información sobre la adquisiciones.

La semana pasada, el coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, había explicado que las decisiones en torno a la compra de las OPV se apoyaban en "una falta de transparencia” y un “cúmulo de irregularidades importantes”. “Estamos hablando que se pagaron cerca de 16 millones de dólares a un astillero naval que no tiene experiencia en el armado de patrullas oceánicas de este estilo por lo que para las autoridades parlamentarias es importante conocer en qué está esta situación, y también hablar sobre un segundo pago que se le realizó al astillero de manera poco clara”, remarcó, en conferencia de prensa.

Esto llevó, además, a que la ministra sancionara a cuatro jerarcas de la Armada Nacional —el excomandante Jorge Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva— con arresto a rigor por entre 15 y 30 días. El castigo más duro cayó sobre Wilson, debido a que habría brindado información falsa al contestar sobre el segundo pago de 8,2 millones de euros al astillero español Cardama, encargado de la construcción de los buques.

Según adelantó Lazo, además, el Ministerio hizo "consultas desde el punto de vista técnico a la Universidad de la República" para completar la información disponible. "Cuando tengamos eso, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con la investigación administrativa", explicó ante la prensa.

De todos modos, sostuvo que, por el momento, el proceso de compra al astillero español sigue en pie. "Pero vamos a ver cómo se sigue", agregó.

Un proceso rodeado de polémicas

La llegada de los buques estaba prevista para dentro de 30 meses en diciembre pasado, con uno de ellos arribando en alrededor de un año y medio, mientras que el gasto estimado es de cerca de 87 millones de dólares.

Las últimas demoras en la operación se dieron por la falta de avales de Cardama, que finalmente recibió el mes pasado por parte de un banco británico. Previamente, hubo un pedido de informes por parte del Frente Amplio por los tiempos de la operación e incluso cuestionamientos desde China.

Desde el gobierno que encabeza Xi Jinping enviaron una queja formal al Senado de parte de la compañía estatal China Shipbuilding Trade, que denunció desprolijidades en la licitación y dijo haber obtenido casi 97 de 100 puntos posibles.

En una dura carta, apuntaron: “Siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto?”.