La cooperativa láctea Conaprole se suma al reclamo de las gremiales lecheras respecto de la deuda que Venezuela mantiene con los productores lecheros uruguayos, y avanzará por la vía judicial para recuperar el dinero pendiente de pago.
Conaprole se suma al reclamo de las gremiales lecheras por la deuda venezolana con los productores
La cooperativa láctea insiste en el derecho de recibir el dinero adeudado, pese al pesimismo en el Ejecutivo y ante una situación que se "mantiene incambiada".
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Gremiales lecheras rechazaron las declaraciones de Alfredo Fratti sobre la deuda venezolana con el sector
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Alfredo Fratti sostuvo que la deuda de Venezuela con productores lecheros "está perdida"
Conaprole se suma al reclamo de las gremiales lecheras por la deuda venezolana con los productores.
Mientras los ojos del mundo están puestos en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, así como en las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto del futuro del país caribeño; una especie de efecto colateral que golpea en el centro productivo de Uruguay es qué pasará con la deuda que el Estado venezolano mantiene con los productores lecheros del país: 30 millones de dólares por las colocaciones de leche en polvo, en el marco de un acuerdo vigente por más de una década.
En ese sentido, días atrás, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, consideró que ese dinero "está perdido", en tanto ve "difícil" recuperarlo. Algo que generó el rechazo de las gremiales lecheras, al que ahora también se sumó el de Conaprole.
Conaprole avanzará por la vía legal
Al respecto, el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi, sostuvo en Radio Carve que el reclamo tiene un fundamento claro: “Los productores tenemos derecho a cobrar ese dinero y obviamente no lo damos por perdido”, afirmó.
“Entendemos que ninguna nación, ningún Estado, deja de pagar sus deudas. Habrá que ver de qué forma y en qué plazo, pero el camino es seguir por la vía legal”, afirmó y, si bien reconoció que los procesos judiciales tienden a ser extensos, la institución se apoya en la convicción de que las deudas entre Estados no quedan sin saldar, haciendo hincapié en el carácter estatal del acuerdo comercial original entre Uruguay y Venezuela.
“Es un proceso legal que entendemos como muy legítimo por parte de la cooperativa: demandar y cobrar ese dinero”, señaló Pérez Viazzi, al tiempo que aclaró que la situación de Venezuela “se mantiene incambiada” y que el trámite judicial lleva su tiempo. En ese marco, subrayó que las acciones emprendidas no responden a opiniones individuales, sino a procedimientos definidos con base técnica y profesional.
El jerarca remarcó que Conaprole ha actuado siempre con el respaldo de estudios jurídicos internacionales especializados en derecho internacional. “Todas las decisiones que se han tomado han sido guiadas por profesionales en la materia”, indicó, enfatizando que no se trata de una única asesoría, sino de varios estudios que orientan el camino legal a seguir.
El malestar en las gremiales lecheras
La postura de Conaprole se suma así al reclamo reciente de las gremiales lecheras respecto a las declaraciones de Fratti, que recordaron a través de un comunicado conjunto sobre la deuda de 30 millones de dólares contraída por la empresa estatal venezolana Corpovex, la cual no puede considerarse abstracta ni ajena a la realidad productiva del país.
Según señalaron, la eventual decisión de considerar ese monto como incobrable tendría consecuencias inmediatas sobre los productores, ya que impactaría en el precio que perciben por la leche remitida a la industria. En ese sentido, advirtieron que la deuda forma parte de la ecuación económica de los tambos y que su pérdida sería absorbida, en última instancia, por los propios productores.
Asimismo, las gremiales calificaron como “preocupante” que un ministro de Estado sostenga públicamente que la deuda “está perdida”, y recordaron que es responsabilidad del gobierno, más allá de su orientación política, defender los intereses de los ciudadanos y de los sectores productivos estratégicos. A su entender, el reclamo no es solo empresarial, sino también institucional, dado el marco en el que se concretó la operación.


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