Diputados aprobó la reforma de la ley de Lavado de Activos, con baja en el tope de operaciones en efectivo

El oficialismo consiguió el apoyo parcial del Partido Colorado para los límites en las transacciones, aunque seguirá vigente la fiscalía especializada.

Reforma contra el lavado de dinero: baja el tope en efectivo y se mantiene la fiscalía especializada.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que modifica más de 30 artículos de la Ley 19.574 sobre lavado de activos, con cambios sustanciales en el tope para pagos en efectivo y un fuerte debate político en torno a las potestades de control y el futuro de la fiscalía especializada.

La iniciativa, impulsada por el gobierno, contó con los votos del Frente Amplio (FA) y el acompañamiento parcial del Partido Colorado (PC), consiguiendo que la unidad en los diputados colorados se rompiera y siete de ellos votaran a favor, mientras que el Partido Nacional (PN) y otros sectores opositores mantuvieron sus diferencias en artículos clave. El texto, que ya había sido aprobado en general a fines del año pasado, deberá ahora recibir la sanción definitiva del Senado para convertirse en ley.

Uno de los puntos más relevantes fue la reducción del límite para pagos en efectivo, que pasa de 1.000.000 de unidades indexadas —tope fijado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou— a 200.000 unidades indexadas o al 5% del valor total de la operación, siempre que no supere las 450.000 unidades indexadas. En términos aproximados, el nuevo esquema implica un máximo sensiblemente menor en dólares para transacciones en billete físico.

El debate reeditó la discusión que se dio en torno a la LUC, cuyo artículo sobre el tope de efectivo fue ratificado en el referéndum de 2022. Desde el PN se sostuvo que no existe evidencia de que el aumento del umbral haya estimulado el lavado de activos y se advirtió que la ciudadanía ya se pronunció sobre el punto. Sin embargo, desde el oficialismo y parte del PC se argumentó que el contexto económico cambió y que el límite vigente, medido en dólares, había quedado excesivamente alto.

El debate sobre el control

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo defendió que el proyecto no amplía potestades de control, sino que detalla facultades ya previstas en la Ley 19.574. En particular, se discutió un artículo referido a las atribuciones de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para requerir y retirar documentación en inspecciones.

En este sentido, el diputado blanco Pablo Abdala sostuvo al momento de la votación que “darle facultades a la Senaclaft de retirar los respaldos informáticos de una organización privada” de una forma “absolutamente ilimitada desde el punto de vista de las posibilidades de su actuación” supondría poner “en severo riesgo las garantías que es indispensable que armonicemos a la hora de legislar”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, sostuvo: “A grandes términos nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley en la medida en que se aggiorna la normativa en materia de lavado de activos”. Dicho esto, afirmó que en la iniciativa “no hay modificaciones que de alguna manera terminen modificando sustancialmente la persecución del delito de lavado de activos”.

La oposición impulsó que cualquier retiro de respaldos informáticos requiriera autorización judicial previa, con el argumento de preservar garantías individuales. Finalmente, esa ampliación de potestades no prosperó y se mantuvo la redacción vigente.

La Fiscalía especializada seguirá funcionando

Otro eje central fue la intención original del Ejecutivo de suprimir la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La oposición rechazó esa eliminación y logró bloquearla, por lo que la fiscalía continuará funcionando. Desde el oficialismo se planteó una fórmula alternativa para transformarla en fiscalía letrada y redistribuir competencias, pero no obtuvo los votos necesarios.

La diputada del FA, Ana Olivera, anunció al momento de la votación, que la bancada oficialista presentaba un artículo sustitutivo, en el que se elimina la palabra suprímese para que la fiscalía se transforme en una fiscalía letrada de Montevideo, al tiempo que se señala que esta “continuará atendiendo los asuntos que se encuentren en trámite hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio de los que le sean asignados por la Fiscalía General de la Nación”.

Sin embargo, el artículo no fue acompañado por ninguno de los partidos de la oposición; solo fue votado afirmativamente por el FA y no obtuvo la mayoría suficiente. De este modo, la oposición consiguió que se mantenga la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Al respecto, Abdala sostuvo que “es menester que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos mantenga plena vigencia”, por lo que “eliminarla y sacarla de la escena nacional y del ámbito judicial implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado”.

El proyecto también incorpora nuevos delitos precedentes del lavado, como determinados delitos ambientales, fraudes financieros y ciberdelitos por encima de cierto monto, además de sumar nuevos sujetos obligados no financieros. Con estos cambios, el gobierno busca actualizar el marco normativo y reforzar los estándares internacionales, en un debate que volvió a exponer tensiones dentro de la oposición y diferencias sobre el equilibrio entre control estatal y garantías individuales.