El Frente Amplio pide explicaciones al gobierno por la demora en la compra de las patrullas oceánicas

Desde febrero que se esperan novedades sobre las garantías que debía presentar el astillero español Cardama para avanzar con la construcción.

El Estado uruguayo adquirió dos buques OPV por 82 millones de dólares.

Captura: @MDN_Uruguay

Senadores del Frente Amplio solicitaron un encuentro con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, para que éstas informen sobre el estado del proceso de compra de las patrulleras oceánicas de tipo OPV que adquirió el gobierno para la Armada.

Tres senadores del Frente Amplio —Sandra Lazo, Benjamín Liberoff y Alejandro Sánchez—, a través de una carta, solicitaron una comparecencia del Ministerio de Defensa a nivel de comisión para tratar de saldar las dudas que todavía permanecen en torno a la compra de los OPV y de la elección del astillero español Cardama para construir dichas embarcaciones. El cuestionamiento principal es respecto de si el establecimiento presentó las garantías que se le exigían para llevar a cabo el proceso.

Según los integrantes de la bancada opositora, el 25 de enero Cardama envió una nota informando de la marcha de los trámites para obtener las garantías solicitadas por Uruguay en el contrato. Allí el astillero español señalaba: “Según el mencionado contrato en su artículo 11 tenemos que presentar el documento de constitución de una garantía de reembolso por importe del primer anticipo de los dos buques, no más tarde de cuarenta y cinco días de la firma de dicho contrato, como condición para entrar en vigor. Asimismo, en el artículo 27 del contrato se establece la obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento por el importe del 5 % del total del contrato”.

En ese sentido, la empresa agregaba que para la constitución de dichas garantías había abierto una gestión ante el fondo Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar). “Dado que el Estado español participa de las reuniones del directorio como miembro y garante del proceso Pymar, la institución procesa los pedidos para este tipo de proyectos una vez por mes, por lo que nuestro pedido será procesado en la próxima reunión del directorio en el mes de febrero”, habían advertido.

Sin embargo, al día de hoy se desconoce si, efectivamente, Cardama presentó en el Ministerio de Defensa la respuesta de Pymar, y en qué estado se encuentra ese proceso.

Las dudas en el Frente Amplio

“Más allá del anuncio de adquisición de las patrulleras oceánicas seguimos sin saber. ¿Cuál fue la recomendación de Pymar? ¿Desde febrero a junio no se ha expedido?”, consideraron Lazo, Liberoff y Sanchez en la carta, y agregaron: “No disponer de una respuesta implican dos opciones; o Pymar no recibió efectivamente toda la información que se necesita del astillero para que el equipo de experimentados profesionales pudiera realizar el estudio técnico, jurídico y económico vinculado al Fondo de Garantías Navales, o no encontró fortalezas en el proyecto como para emitir una garantía o respaldo para la construcción de estos buques”.

Poniendo sobre la mesa que los plazos de entrega fue uno de los factores que llevaron al gobierno a decidirse por el astillero español como proveedor de las patrullas oceánicas, para los frenteamplistas la entrega se sigue dilatando: “lo importante parece ser extender los plazos en beneficio de una empresa que, sin credibilidad alguna para que la propia banca española financie su proyecto, lleva ya seis meses de atraso en presentar avales de ley”. Un detalle nada menor si se tiene en cuenta que el monto de inversión para la adquisición de los buques trasciende varias administraciones de gobierno.

La compra se concretó en diciembre

El gobierno concretó la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV) para la Armada Nacional al astillero español Cardama en diciembre del año pasado, luego de una polémica con China que incluyó una queja explícita por medio de una carta contra la administración uruguaya.

El entonces ministro de Defensa Javier García fue el encargado de rubricar la firma con el presidente de la compañía, Mario Cardama, en una operación donde el país invertirá 82.372.000 euros.

La primera de las patrullas debía ser entregada durante los próximos 18 meses, mientras que un año después de ese lapso arribaría la segunda, según se estableció en el encuentro, del cual participó también el embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín. Ahora, estos plazos se ponen en duda.

El contrato incluyó además la participación de un clasificador internacional, para controlar el proceso de construcción de los buques. También habrá un representante de la Armada Nacional, encargado de realizar el seguimiento de construcción.