El gobierno defendió la prospección petrolera en medio del recurso de amparo presentado por ambientalistas

El secretario Alejandro Sánchez insistió en que primero hay que investigar, mientras Ancap proyecta perforaciones y los ambientalistas alertan por impactos en el mar.

El gobierno defendió la prospección petrolera en medio del recurso de amparo presentado por ambientalistas.

El gobierno volvió a defender la prospección petrolera offshore, pese a los cuestionamientos de grupos de ambientalistas que presentaron un nuevo recurso de amparo en la Justicia, ya que abre una oportunidad económica para Ancap en caso de que se confirmaran las reservas de hidrocarburos.

Luego de la primera audiencia judicial por el recurso presentado por las organizaciones, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reafirmó la postura oficial de avanzar en la exploración. “Para saber si hay petróleo o no, primero hay que investigar”, sostuvo, al defender la necesidad de continuar con los estudios sísmicos en aguas uruguayas.

Sánchez destacó que el proceso cuenta con exigencias ambientales estrictas por parte del Ministerio de Ambiente y consideró “natural y legítimo” el planteo de los grupos que se oponen a la actividad. Sin embargo, remarcó que el país acumula más de 15 años de experiencia en exploración offshore, por lo que no se trata de una iniciativa novedosa sino de una búsqueda de mucho tiempo.

Desde el gobierno entienden que la posible existencia de hidrocarburos podría incidir en los precio de los combustibles y en la soberanía energética. En ese sentido, Sánchez insistió en que antes de discutir qué pasaría con la explotación, es necesario saber si Uruguay cuenta o no con recursos.

Una oportunidad económica para Ancap

La prospección es una gran oportunidad económica para Ancap. La empresa proyecta avanzar en perforaciones este año en el marco de contratos que podrían movilizar inversiones de hasta 300 millones de dólares en las próximas etapas. El proceso se inserta en una dinámica regional en el Atlántico Sur, con participación de grandes petroleras internacionales y un área concesionada que ronda el millón de kilómetros cuadrados.

Más allá del resultado exploratorio, la actividad ya genera efectos económicos. En el último año, Ancap facturó unos 12 millones de dólares por contratos de exploración y venta de información geológica. A su vez, se estiman ingresos indirectos por alrededor de 100 millones para empresas uruguayas vinculadas a la cadena de servicios.

Según datos manejados por la empresa, la probabilidad de éxito de hallar petróleo es de hasta el 25%, en línea con estándares internacionales, aunque se advierte que un eventual hallazgo no garantiza viabilidad comercial. Aun así, el potencial impacto económico es significativo y podría modificar la estructura energética del país.

La preocupación de ambientalistas

Mientras tanto, el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas, y respaldado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), busca frenar la actividad. Las organizaciones argumentan que la prospección sísmica ya estaría generando daños en el ecosistema marino y afectando a la actividad pesquera, principalmente por las emisiones sonoras utilizadas en las exploraciones.

El abogado Hoenir Sarthou, representante de los ambientalistas, sostuvo que el objetivo es proteger tanto el ambiente como la pesca, y adelantó que, independientemente del fallo, el caso continuará en instancias de apelación. Desde el gobierno, en tanto, se argumenta que no existen pruebas concluyentes de impactos ambientales y que el recurso fue presentado fuera de plazo. La resolución judicial, prevista para los próximos días, definirá qué pasará con la prospección en el mar uruguayo.