La Justicia rechazó la acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para frenar la prospección sísmica en el mar uruguayo y sostuvo que el Poder Judicial carece de jurisdicción para intervenir, mientras organizaciones ambientales apelaron la decisión y alertaron que el inicio de la campaña es inminente.
Revés judicial a la Inddhh y nueva apelación contra la prospección sísmica offshore
Mientras desde la Justicia desestimó el amparo por la Institución de Derechos Humanos, ambientalistas cuestionan el fallo y piden la nulidad de los contratos.
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La exploración offshore está en la mira.
La jueza letrada Xenia Pedrozo no dio lugar al recurso que buscaba el cese inmediato de las actividades de exploración sísmica offshore para determinar la existencia de petróleo en aguas uruguayas. En su resolución, señaló que el asunto “debería tramitarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)” y que las organizaciones debieron impugnar las resoluciones que habilitaron a Ancap a celebrar los contratos.
El fallo también concluyó que la demanda fue presentada fuera del plazo legal de 30 días previsto en la Ley Nº 16.011 y que la vía del amparo no es idónea para un planteo que requiere debate técnico y prueba compleja. La Inddhh había advertido que la actividad podría generar “daños graves e inminentes” sobre cetáceos y peces, y cuestionó la ausencia de evaluaciones de impacto acumulativo y estudios independientes.
La jueza sostuvo que el caso requiere "un análisis técnico profundo sobre la legalidad de los actos administrativos y la eventual existencia de daños ambientales, lo que excede el carácter excepcional y sumario del amparo". Señaló que existen otras vías judiciales idóneas para cuestionar las autorizaciones y solicitar medidas cautelares.
En paralelo, el colectivo Mar Libre de Petroleras presentó un recurso de apelación contra la sentencia del juez en lo Civil de 8° Turno, Federico Tobía, quien declinó la competencia para analizar la demanda de medidas cautelares y la nulidad de los contratos firmados entre Ancap y empresas como CEG Uruguay SA, Chevron México, BG International Limited, APA Exploration, PGS Exploration UK Ltd., Spectrum Geo Inc. y CGG Services US, entre otras.
“Nuevamente la Justicia a favor de las empresas petroleras”, expresó el colectivo, que sostiene que no se trata de actos administrativos sino de contratos bilaterales cuya validez puede y debe ser controlada por el Poder Judicial. A su entender, excluir la revisión judicial generaría una “zona de inmunidad” incompatible con el Estado de derecho.
El buque ya se encuentra en el país
El buque sísmico de CGG Services ya arribó a Uruguay y, según las organizaciones, el inicio de la prospección es inminente. Por eso solicitaron al Tribunal de Apelaciones una medida provisional urgente para evitar que la actividad comience antes de que haya una resolución definitiva.
Ante la llegada del barco, Amigos del Océano, Red Unión de la Costa y Mar Libre de Petroleras convocaron a movilizaciones en el puerto de Punta del Este y en la plaza Cagancha bajo la consigna “el mar no se vende, se defiende”, en rechazo a una actividad que, afirman, impacta negativamente en la fauna, el fondo marino y la biodiversidad del país.
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