El gobierno defiende la cautela que maneja sobre el contrato de compra de las patrullas oceánicas

La ministra Lazo señaló que los pagos se hacen de manera automática al cumplirse hitos, y puso en duda que la información al respecto no fuera divulgada con intenciones de incidir en la investigación en curso.

El Estado uruguayo adquirió dos buques OPV por 82 millones de dólares.

Captura: @MDN_Uruguay

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió a la efectivización del tercer pago por la compra de las patrullas oceánicas tipo OPV al astillero español Cardama, y sostuvo que hay que mantener "cautela" en torno al contrato, sobre todo considerando que se encuentra en curso una investigación administrativa sobre el mismo.

"Los dos oficiales que han viajado, designados por este Ministerio, a la ciudad de Vigo a inspeccionar de alguna manera o a tomar contacto con las obras todavía no nos han entregado el informe, porque más allá de que nos han dado algunos pantallazos, nosotros decidimos que esto tenía que ser un informe", explicó Lazo en diálogo con Radio Monte Carlo respecto del estado actual de la investigación administrativa iniciada por el gobierno.

"Ellos fueron con una tarea específica, encomendada, donde se pedían algunas certificaciones que están en el contrato, pero que nosotros efectivamente no las visualizábamos desde acá. Cuando tengamos ese informe, más el informe que ya tenemos de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR que habla de algunos aspectos, particularmente de lo que es la cuaderna maestra, que era una de los documentos que se especificaban, vamos a ver qué pasos se siguen.

"Por el momento somos muy cautos a la hora de hablar del contrato", insistió la ministra.

Consultada por la noticia que divulgó el semanario Búsqueda respecto de la efectivización del tercer pago al astillero Cardama, Lazo sostuvo que "es un dispositivo que se activa a partir de la comprobación de un hito": "Nosotros no tenemos esa información porque es de banco a banco".

En ese sentido, felicitó a la prensa que "de alguna manera" obtuvieron la información, porque "es parte de su tarea" y respeta "mucho, en un gobierno democrátivo, la libertad de expresión". De todos modos, puso en duda que el dato fuera divulgado en primer lugar de manera ingenua: "Malo sería que alguien, de alguna manera, pretendiera incidir en la prensa para que o saque, cuál información. Malo sería y eso sí sería un acto realmente antidemocrático", enfatizó.

Un proceso rodeado de polémicas

La llegada de los buques OPV, adquiridos por el gobierno de Luis Lacalle Pou, estaba prevista para dentro de 30 meses en diciembre pasado, con uno de ellos arribando en alrededor de un año y medio, mientras que el gasto estimado es de cerca de 87 millones de dólares.

Las últimas demoras en la operación se dieron por la falta de avales de Cardama, que finalmente recibió el mes pasado por parte de un banco británico. Previamente, hubo un pedido de informes por parte del Frente Amplio por los tiempos de la operación e incluso cuestionamientos desde China.

Desde el gobierno que encabeza Xi Jinping enviaron una queja formal al Senado de parte de la compañía estatal China Shipbuilding Trade, que denunció desprolijidades en la licitación y dijo haber obtenido casi 97 de 100 puntos posibles.

En una dura carta, apuntaron: “Siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto?”.

En tanto, apenas meses después de haber tomado el mando de la cartera, Lazo decidió emitir sanciones a cuatro altos mandos de la Armada: al excomandante Jorge Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva. Según la ministra, detectaron "una falta a la verdad".