El gobierno comenzará a plasmar en la próxima Rendición de Cuentas los primeros cambios surgidos del Diálogo Social con foco en un nuevo esquema de transferencias para la infancia y una causal de retiro anticipado para trabajadores con trayectorias laborales más frágiles.
El gobierno descarta expropiar el ahorro individual y ratifica el sistema de las AFAP en la Rendición de Cuentas
El proyecto de Diálogo Social que ingresará al Parlamento no contempla la eliminación del régimen mixto.
-
Itaú advierte que el Diálogo Social representa un "riesgo adicional" para las cuentas públicas
-
Visita de la OIT a Uruguay: Castillo destacó el prestigio del país en diálogo social tras reunión clave en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Aunque se descarta la estatización, las mesas de negociación con las AFAP continuarán activas con el objetivo de recortar las comisiones que pagan los afiliados.
En entrevista con Informativo Sarandí, el coordinador del proceso, Hugo Bai, afirmó que las medidas buscan atender "dos áreas prioritarias" para la administración de Yamandú Orsi y explicó que el rediseño de las prestaciones sociales apunta a unificar instrumentos actualmente dispersos como las asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social, además de elevar los montos para los hogares más vulnerables.
"El promedio que recibe hoy un beneficiario supera apenas los 3.000 pesos y la idea es acercarlo al valor de una canasta básica alimentaria", sostuvo. Según detalló, el monto de referencia rondaría los 6.700 pesos para los sectores de mayor vulnerabilidad y contaría con un refuerzo adicional del 50% para embarazadas y niños de hasta tres años.
Transferencias y gradualidad
El coordinador del Diálogo Social remarcó que la implementación será gradual y comenzará por las franjas etarias más bajas, es decir, la intención oficial es que el programa pueda universalizarse progresivamente hasta cubrir a todos los menores de 17 años.
Bai señaló además que existe debate dentro del gobierno sobre las contraprestaciones exigidas para acceder a los beneficios, particularmente en materia de asistencia educativa e Indicó que durante el diálogo hubo consenso académico en que retirar transferencias a hogares vulnerables por inasistencias escolares puede resultar contraproducente.
"Hay situaciones de violencia, inseguridad o problemas de vivienda que muchas veces explican la desvinculación educativa y no necesariamente decisiones de las familias", afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Poder Ejecutivo analiza mecanismos alternativos de seguimiento y acompañamiento para garantizar la permanencia educativa sin retirar apoyos económicos.
Cambios en la jubilación
Otro de los ejes que el gobierno pretende impulsar refiere a la edad de retiro. Bai aclaró que el Ejecutivo mantendrá la edad normal de jubilación en 65 años, pero trabaja en una causal de retiro anticipado desde los 60 años para trabajadores de menores ingresos y mayor desgaste físico.
Según explicó, el planteo apunta especialmente a quienes tienen trayectorias laborales más precarias y menor expectativa de vida. "La idea es que ese tercio de trabajadores de menores ingresos pueda acceder a jubilaciones iguales o incluso mejores que las previstas antes de la reforma de 2023", aseguró. El economista sostuvo que para el resto de los trabajadores continuarán existiendo incentivos para permanecer activos hasta los 65 años, edad que el sistema considera como referencia general.
AFAP y sistema de cuidados
Respecto al debate sobre las AFAP, Bai descartó que exista una intención de eliminar el régimen o estatizar el ahorro previsional y explicó que las reuniones entre el gobierno y las administradoras buscan evaluar posibles cambios que permitan mejorar la eficiencia y reducir costos para los afiliados.
"Nunca estuvo planteada la eliminación de las AFAP ni expropiar el ahorro individual de los trabajadores", sentenció el coordinador y agregó que el intercambio apunta a discutir formatos alternativos de gestión del ahorro previsional, manteniendo la competencia entre gestores públicos y privados y preservando las cuentas individuales.
Además, adelantó que el gobierno pretende avanzar en otras áreas vinculadas a la protección social, como la ampliación de licencias parentales, la creación de un subsidio para trabajadores independientes en situación de desempleo y nuevos mecanismos de financiamiento para el sistema de cuidados de larga duración.
Bai advirtió que Uruguay enfrenta un desafío creciente por el envejecimiento poblacional y sostuvo que el país deberá incrementar significativamente la inversión pública destinada a cuidados de personas mayores y con discapacidad.