El gobierno celebró el nuevo fallo favorable a Uruguay en el juicio internacional iniciado por los inversores del proyecto minero Aratirí, luego de que la Justicia francesa ratificara el laudo arbitral que rechazó una demanda por unos 3.600 millones de dólares y habilitara al Estado a avanzar en el cobro de 4,1 millones de dólares, más otros 300.000 euros por costas judiciales, mientras el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aprovechó la resolución para cuestionar las advertencias de la oposición sobre las consecuencias económicas del litigio.
El gobierno destaca "la seguridad jurídica" tras el fallo por Aratirí y apunta a "agoreros de la oposición"
Jorge Díaz apuntó contra Luis Lacalle Pou por sus advertencias sobre una condena millonaria, mientras el oficialismo vinculó el fallo con el caso Cardama.
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El secretario de Presidencia aseguró que el gobierno anterior fue el único que perdió el arbitraje internacional.
La decisión del Tribunal de Apelación de París rechazó el pedido de anulación presentado por los inversores vinculados a la minera de origen indio, por lo que mantiene vigente el laudo arbitral de 2020 que había desestimado sus reclamos contra Uruguay. El pronunciamiento representa un nuevo triunfo judicial para el país en uno de los litigios internacionales de mayor magnitud económica de su historia.
Díaz destacó el resultado y apuntó directamente contra dirigentes opositores que, cuando comenzó el juicio en 2018, habían advertido sobre la posibilidad de que el Estado enfrentara una condena millonaria. En particular, mencionó al expresidente Luis Lacalle Pou y sostuvo que los pronósticos formulados durante aquel período no se concretaron.
Díaz cuestionó a los "agoreros de la oposición"
El prosecretario de Presidencia calificó a quienes anticipaban una derrota judicial como "agoreros de la oposición" y "gurúes del apocalipsis", al considerar que habían utilizado la demanda para cuestionar la gestión de los anteriores gobiernos del Frente Amplio. "Decían que otro juicio para Uruguay, otra demanda, nos iban a condenar, vamos a perder millones de dólares", recordó Díaz durante una rueda de prensa.
En esa línea, invitó a revisar los pronunciamientos de dirigentes opositores de 2018, entre los que identificó a Lacalle Pou, quien entonces había advertido sobre las posibles consecuencias de la demanda presentada por los inversores. "Ese augurio de aquella época no se ha cumplido y concretamente hoy el Uruguay aparece como triunfador desde el inicio", afirmó.
El jerarca también vinculó aquellas advertencias con los cuestionamientos actuales de algunos sectores opositores sobre la controversia con el astillero Cardama, luego de la rescisión del contrato para la construcción de patrulleras oceánicas. "Más o menos los mismos augurios han aparecido ahora de parte de algunos representantes de la oposición", sostuvo, sin mencionar directamente a la empresa española.
El fallo permite reclamar más de 4 millones de dólares
El litigio comenzó en 2018, cuando los inversores vinculados a Aratirí presentaron una demanda contra Uruguay por el fracaso del proyecto de explotación de hierro que pretendían desarrollar en el país. Los demandantes reclamaban aproximadamente 3.600 millones de dólares y acusaban al Estado de haber incumplido sus obligaciones de protección de inversiones, en el marco del tratado bilateral vigente entre Uruguay y el Reino Unido.
En 2020, el tribunal arbitral rechazó el reclamo y resolvió que los inversores debían pagar al Estado uruguayo los costos del procedimiento. Sin embargo, los demandantes recurrieron la decisión ante la Justicia francesa y lograron que el Tribunal de Apelación de París anulara el laudo en 2023.
Uruguay presentó entonces un recurso ante la Corte de Casación de Francia, que en 2025 dejó sin efecto aquella anulación al considerar que el tribunal de apelaciones había excedido sus facultades de revisión. La nueva resolución judicial, fechada el martes 27 de octubre, rechazó nuevamente la solicitud de los inversores y mantuvo la vigencia del laudo original.
Como consecuencia, el Estado quedó habilitado para avanzar en el cobro de 4.097.149 dólares, a los que se suman 300.000 euros correspondientes a las costas del proceso judicial. Díaz reconoció que los demandantes todavía podrían intentar nuevas acciones legales, aunque consideró que las posibilidades de revertir el resultado son cada vez menores. "El embudo se va cerrando hasta que se cierra del todo", expresó.
El Frente Amplio reivindicó su defensa del Estado y apuntó a Cardama
Las declaraciones de Díaz fueron respaldadas por el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, quien destacó la importancia del fallo para la seguridad jurídica del país y defendió la actuación de los gobiernos frenteamplistas en los litigios internacionales. "Uruguay vuelve a sentar un precedente histórico a nivel internacional: la Justicia falló a favor del país en el caso Aratirí, desestimando la demanda multimillonaria más grande de nuestra historia", sostuvo.
El legislador afirmó que los gobiernos del Frente Amplio no perdieron arbitrajes internacionales y señaló que el único antecedente adverso se produjo durante una administración del Partido Nacional, en referencia al caso Pluna. Díaz también hizo hincapié en ese antecedente. "Perdimos un solo arbitraje internacional y fue en la administración anterior; es un dato de la realidad", aseguró.
Caggiani destacó, además, las negociaciones que permitieron que los accionistas de Montecon retiraran sus demandas arbitrales contra Uruguay, una decisión que, según sostuvo, evitó nuevos litigios millonarios. En ese contexto, el senador vinculó el resultado de Aratirí con la controversia que enfrenta actualmente el Estado por el caso Cardama.
"Respetamos las reglas de juego, garantizamos la seguridad jurídica y defendemos con uñas y dientes los fondos de las y los uruguayos ante cualquier intento de atropello. Tal como lo haremos ahora también con el caso Cardama", afirmó.
Por su parte, Díaz consideró que la resolución judicial francesa constituye una señal para los inversores y las empresas que eventualmente pretendan iniciar acciones legales contra Uruguay. "Quienes pretendan demandarnos en el futuro tienen que saber que estamos preparados", advirtió.
De esta manera, el oficialismo busca presentar el fallo de Aratirí no solo como una victoria judicial y económica, sino también como un respaldo a la estrategia de defensa del Estado frente a litigios internacionales, en medio de las tensiones políticas por la rescisión del contrato con Cardama.
