El gobierno actualizó las necesidades de financiamiento de Uruguay para 2023.
El gobierno presentó el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas con las previsiones económicas actualizadas tras el impacto de la peor sequía del último siglo en Uruguay y las necesidades de financiamiento debieron ser ajustadas en consonancia. ¿Cuánto dinero necesitará obtener para cumplir con todas las obligaciones previstas?
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Que la sequía impactó, impacta e impactará en la economía y las finanzas públicas no es sorpresa para nadie. Lo más novedoso, sin embargo, es que el gobierno ya trabaja sobre las proyecciones en números de estos efectos climáticos, tal y como plasmó en el proyecto de Rendición de Cuentas. En ese sentido, hay dos cifras que destacan: por un lado, el ajuste del crecimiento de la actividad económica al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año —se estimaba en torno al 2%—; y, por el otro, el aumento de déficit fiscal previsto a 3,2% del PBI —en lugar del 2,7% proyectado originalmente.
En este escenario, el Estado necesitará más dinero del que contemplaba a principio de año, frente a los menores ingresos y el aumento considerable de gastos. Cuánto más financiamiento y qué estrategias seguirá para conseguirlo son puntos que las autoridades tocaron en uno de los apartados de la exposición de motivos del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas.
La mayor parte del déficit fiscal proyectado se explica por los pagos de deuda que hay que realizar y el resto porque los gastos del gobierno central son mayores a los ingresos que percibe. En base a este escenario, la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que en 2023 se necesitarán 4.898 millones de dólares para cumplir con todas las obligaciones; de las cuales 1.945 millones corresponden al pago de intereses, 2.288 millones al pago de amortización de capital y cancelaciones anticipadas por operaciones de manejo de pasivos, y 588 millones al déficit primario.
Ante este aumento del financiamiento necesario, el gobierno solicitó al Parlamento elevar el tope de endeudamiento neto permitido para este año hasta 2.860 millones de dólares —cuando usualmente no puede superar el equivalente a 2.200 millones; y, por la sequía, ya se estima una base de deuda de 2.370 millones de dólares en 2023. El objetivo de esta medida es apuntalar la situación fiscal ya deteriorada para, así evitar una crisis o, en todo caso, una problemática de mayores dimensiones.
Por otra parte, para contribuir a reunir el dinero necesario, las autoridades continuarán recurriendo tanto a la emisión de bonos a nivel local e internacional, como a los préstamos de organismos multilaterales.
Respecto al primer punto, “se buscará incrementar el fondeo en moneda local en los mercados locales e internacionales, a tasas competitivas”. Esto implica privilegiar las emisiones de deuda en pesos, Unidades Indexadas (UI) a la inflación y Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) por sobre las de moneda extranjera. Al mismo tiempo el gobierno quiere que se desarrollen los mercados secundarios (liquidez, profundidad y puntos de la curva), que es donde se compran y venden los bonos ya emitidos, para aumentar el acceso al financiamiento de una mayor variedad de actores.
A su vez, el MEF “evaluará, junto al Banco Central (BCU), la posibilidad de incorporar las Letras de Regulación Monetaria (LRM) del BCU, como opción para que el inversor pueda comprar las Notas del Tesoro licitadas en el calendario, entregando estas en canje”, indicó el documento que argumenta los motivos de la Rendición de Cuentas, añadiendo más flexibilidad a las operaciones.
Hasta el momento, el gobierno lleva emitidos títulos en el mercado por el equivalente a 1.543 millones de dólares, y le falta obtener 3.282 millones para alcanzar el monto total estimado para este año de 4.285 millones de dólares, los cuales serán colocados durante el segundo semestre —más de la mitad en el mercado local.
Finalmente, se “continuará impulsando junto con instituciones multilaterales el desarrollo de instrumentos financieros en la modalidad de préstamos que (i) incorporen indicadores cuantitativos vinculados al cambio climático y protección de la naturaleza, y (ii) recompensen el desempeño ambiental del país mediante la reducción de la tasa de interés pagada”. Con esta modalidad se espera obtener 450 millones de dólares en créditos de organismos multilaterales y 164 millones de dólares de otras fuentes.
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