29 de junio 2023 - 13:18

El gobierno llega a la Rendición de Cuentas con la situación fiscal bajo presión

Con la menor recaudación por la reducción del IRPF y del IASS, y el impacto fiscal de la sequía, el margen para aumentar el gasto público es mínimo.

El presidente Lacalle Pou junto a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche.

El presidente Lacalle Pou junto a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche.

Medios Públicos

El gobierno presentará mañana la Rendición de Cuentas ante el Parlamento y la cuestión del gasto público en Uruguay y la situación fiscal actual pueden convertirse en un problema para seguir bajo lupa, en tanto dejará poco margen de maniobra a una administración que buscará la reelección en poco más de un año.

El Estado gasta más de 20.000 millones de dólares por año, según cifras oficiales. Dentro de este monto están incluidas desde las jubilaciones hasta los salarios de los empleados estatales, pasando por las diversas transferencias a los múltiples organismos del Estado y las inversiones, entre otros tantos gastos. Si se agrega el pago de intereses de la deuda y las intendencias departamentales, la cifra total es superior al 30% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

La Rendición de Cuentas viene a ordenar y repartir esas partidas presupuestarias que, mayormente, ya están comprometidas a las obligaciones primarias del Estado. Hacer espacio para responder a nuevas necesidades es muy difícil en cualquier año: este 2023, es extremadamente complejo.

Esto se debe a que el gobierno llega a la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas —la última en la que podrá, efectivamente, elevar el gasto público previo a las elecciones generales del año que viene— con una situación fiscal deteriorada, que reduce significativamente las posibilidades de aumentar el gasto, incluso a pesar de que el presidente Luis Lacalle Pou anunció una inversión anual de 20 millones de dólares adicionales para diversos programas orientados a la salud mental y a la prevención y recuperación de adicciones.

Más déficit, menos recaudación

El déficit fiscal global pasó de 3,2% anual al cierre del 2022 al 3,6% en el año móvil a abril. Si bien ese mes logró mantenerse estable, la escalada de los primeros meses del año —en un contexto en el que el gasto estuvo lejos de reducirse; más bien, todo lo contrario—, hacen pensar con grandes probabilidad que es difícil que el gobierno logre cumplir su meta de cerrar el año con un déficit del 2,6% del PBI.

Mientras tanto, la recaudación fiscal sigue cayendo: si bien cortó la racha negativa en mayo con un aumento del 2,7%, febrero, marzo y abril mostraron resultados negativos en este sentido. Sin embargo, la variación positiva del mes pasado permitió que la caída acumulada del 2023 sea solo del 0,3%.

Igualmente, los ingresos primarios cayeron desde diciembre del año pasado, contrario a lo que sucedió con los egresos primarios: en el primer caso, la cifra disminuyó del 26,1% al 25,7% en abril; mientras que los egresos crecieron del 26,9% al 27% en lo que va del año, según los resultados del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si se tiene en cuenta el resultado del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (BPS), en el año móvil cerrado a abril el valor primario cayó un 1,3%, mientras que el global un 3,7%. CPA Ferrere proyecta en su última evaluación que, en el proyecto que presentará el gobierno, las caídas contempladas serán del 0,3% y del 2,3%, en los valores respectivos, hacia diciembre del 2023.

Estas cifras permiten ver el deterioro fiscal que tiene lugar desde fines del año pasado, y que dan un margen acotado para introducir aumentos de gastos en esta Rendición de Cuentas.

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¿A qué se debe esta presión fiscal?

Uno de los aspectos más influyentes en el deterioro de la recaudación tiene que ver con la reducción en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que implementó el gobierno a partir de marzo de este año —uno de los grandes anuncios que dio Lacalle Pou en la apertura de las sesiones parlamentarias—; la cual supuso una renuncia fiscal de 150 millones de dólares anuales —80 millones por la rebaja del IRPF y 30 millones, por la del IASS.

En paralelo, la mayor sequía del último siglo sigue golpeando la economía uruguaya, no solo paralizando actividades y contribuyendo a la desaceleración de la actividad económica —lo que que conlleva a una menor recaudación de impuestos en estos sectores—; sino también a través de la prórroga de ciertos tributos tales como el pago de aportes al BPS —extendido hasta julio pero con la posibilidad de, por lo menos, prorrogarlo por otros seis meses más.

Esta situación se ve, en parte, contrarrestada por la mejora en la calificación de la nota de deuda del país por parte de las tres agencias crediticias más importantesStandard & Poor’s, Moody’s y Fitch—, en tanto permite aumentar la confianza de organismos e inversores y, por lo tanto, el ingreso de capitales, por un lado; pero también reduce el monto de intereses que el Estado debe pagar por el financiamiento externo —lo que reduce, a mediano y largo plazo, el nivel de gasto en este concepto.

Sin embargo, y en relación con este último punto, la sostenibilidad de deuda sigue siendo un enorme desafío para Uruguay, en tanto ésta se encuentra en sus niveles históricos máximos. Este punto —que ya fue señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su evaluación anual del país y que el gobierno ataca a través de una estrategia de gestión de deuda en moneda local—, será clave para evitar que el deterioro fiscal se siga profundizando al punto de ser necesario incumplir con alguna de las tres reglas fiscales que han sostenido la adecuación de las cuentas públicas en los últimos años.

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