El gobierno incrementa el tope de endeudamiento por la sequía hasta u$s 2.860 millones

Lo dispuso el MEF para evitar un mayor deterioro en las cuentas fiscales del país ante una crisis sin precedentes.

El gobierno incrementa el tope de endeudamiento para afrontar los efectos de la sequía.

Foto: Presidencia

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso incrementar el Tope de Endeudamiento Neto previsto para este año hasta 2.860 millones de dólares, como consecuencia de los efectos de la peor sequía del siglo que derivó en una emergencia hídrica sin precedentes en Uruguay.

Vale resaltar que las pérdidas por la sequía estaban estimadas en al menos 1.800 millones de dólares, según admitió en marzo pasado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos. Esa situación agravará el déficit ya existente y está previsto que el impacto real se haga sentir en el segundo semestre, por lo que el gobierno podría estar anticipándose con esta medida a ese cimbronazo. En tanto, las autoridades no contemplan la posibilidad de emitir un bono específico por esta situación.

En concreto, el Ejecutivo invocó la cláusula de salvaguarda amparada por el artículo 699 de la Ley Nº 19.924 de Presupuesto Nacional sancionada en 2020, donde se establece que puede aumentarse hasta un 30% el Endeudamiento Neto (EN) frente a “circunstancias extraordinarias”, tal como ocurrió años anteriores con la pandemia y ocurre ahora con la sequía.

De este modo, según la promulgación de la Rendición de Cuentas del pasado 20 de octubre de 2022, el tope legal de EN fue fijado en 2.200 millones de dólares, con lo que, tras la actual ampliación, se le sumarán 660 millones y quedará en 2.860 millones de dólares.

Vale resaltar que el EN es, según la definición del MEF, el total de la suma de emisiones de títulos de deuda pública de mercado y desembolsos de préstamos de instituciones financieras y organismos multilaterales de crédito, deducidas las amortizaciones y cancelaciones contractuales o anticipadas de dichos instrumentos financieros, así como la variación de activos financieros del Gobierno Central (disponibilidades líquidas y otros activos financieros) durante el ejercicio.

Tras el envío del documento a la Asamblea Legislativa, las autoridades del MEF deberán comparecer ante el Parlamento en un plazo de 30 días como máximo para “informar las razones” que llevaron a activar la cláusula de salvaguarda.

Una prolongada sequía, la razón principal de esta decisión

La decisión del Ejecutivo tiene su correlato en las dificultades que generó la sequía en distintos sectores, aunque principalmente en el campo, donde se dictó la emergencia agropecuaria, se produjo una importante baja de las exportaciones y las estimaciones a futuro son pesimistas, principalmente de cara al segundo semestre que está por iniciar.

Es en ese contexto que la propia Arbeleche anticipó que se espera que el país crezca menos de lo esperado durante el año, al anunciar en mayo que el incremento del PIB iba a ser de 2%, casi tres puntos menos que en 2022.

A su vez, desde el Banco de Seguros del Estado (BSE) consideraron que la sequía ya es el mayor siniestro desde la existencia de la entidad bancaria y advirtieron que prevén pérdidas de al menos 95 millones de dólares para afrontar el pago de pólizas en el sector agropecuario.

A eso se suma la crisis del agua que azota a Montevideo y la zona metropolitana, que derivó en la declaración de emergencia hídrica a comienzos de la semana pasada, que, entre otras medidas, contempla el acceso de dos litros de agua embotellada a 500.000 personas, lo que le costará 12 millones de dólares por mes al gobierno.