En el contexto de discusión presupuestaria y del restringido escenario fiscal, los intendentes se plantan políticamente ante el gobierno y sus dirigencias partidarias.
Los intentendes priorizan los intentereses de los departamentos que gobiernan tanto en las discuciones presupuestarias como en las partidarias.
La política departamental viene siendo protagonista en las últimas semanas, y todo parece indicar que no va a replegarse al interior de cada comuna en el corto plazo: los intendentes ponen en primer plano el impacto a nivel territorial de las dificultades que ya se conocen a nivel nacional, y toman distancia incluso de sus dirigencias partidarias en caso de ser necesario para lograr mejoras en sus comunidades.
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“Ser del interior no puede ser una condena”, aseguró días atrás el jefe comunal de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera. Su postura viene representando dos características que parecen generalizadas en los liderazgos departamentales: por un lado, el “abroquelamiento” de los intendentes de cara a las negociaciones presupuestarias, algo que se advirtió en el proceso de discusión y posterior acuerdo respecto de las transferencias previo a su derivación al ámbito parlamentario.
Pero, por el otro, la sensación —cada vez más certera— de que, ante la siempre presente disociación entre la dirigencia partidaria y quienes se encuentran en posiciones de gestión efectiva, estos últimos están evidenciando públicamente esa distancia, sobre todo en un primer período del actual quinquenio en el que los partidos de la oposición nacional —principalmente el Partido Nacional (PN), que dirige la mayoría de los departamentos— mantienen una postura cerrada en relación al diálogo con el oficialismo del Frente Amplio (FA).
La presión económica por la difícil situación fiscal que atraviesa el país no solo reduce el margen de maniobra en Torre Ejecutiva, sino también en cada una de las 19 intendencias del país; más aún cuando los gobiernos departamentales se hacen cargo de tareas que corresponden a su contrapartida nacional, tal y como fue puesto sobre la mesa como punto de partida del nuevo Congreso de Intendentes, en su composición para este quinquenio.
Sobre el correlato a nivel territorial, basta con señalar que apenas tres intendencias cerraron el 2024 con superávit y apenas cinco registran un saldo positivo en el acumulado. El panorama de números rojos es más que evidente, y está lejos de ser una preocupación única del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque sí elevó las presiones desde los departamentos al momento de discutir las transferencias.
De hecho, a la negociación por las partidas presupuestarias con el gobierno, representado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los jefes comunales fueron con amplia intención de diálogo, pero firmes en cuanto a los números esperados. Y no les tembló el pulso para comunicarse directamente con el presidente, Yamandú Orsi, para lograr destrabar el acuerdo; aprovechando el conocimiento que el mandatario tiene sobre la gestión comunal y el “ser del interior”.
Sin una emergencia sanitaria de por medio como la que marcó el inicio de la gestión anterior, pero con las mismas —o más urgentes— necesidades económicas, los intendentes ven la oportunidad de imponer su propia agenda en las discusiones sobre la distribución de los recursos, escasos y demandados por cada vez más actores.
Otro aspecto que viene observándose es la separación entre lo que pasa a nivel país —macro, si se quiere— y lo que sucede en el territorio.
La distancia podría considerarse ya a nivel de política nacional y departamental, tal y como se puede observar cada cinco años en cada una de las elecciones, y como efectivamente sucedió entre octubre/noviembre y mayo en cuanto a los resultados —el FA como ganador en el Parlamento y en la Presidencia; y el PN manteniendo su hegemonía territorial en los departamentos. Esto no es novedad.
Pero lo que llama la atención es que esta separación se refleja también en una disociación entre las dirigencias partidarias y los jerarcas de esos partidos a los que les toca gobernar. Los ejemplos más claros son, por un lado, lo que ocurre en Cerro Largo, con el intendente blanco Christian Morel siendo fuertemente crítico de la gestión anterior, liderada por el también nacionalista José Yurramendi.
Por otro lado, el mismo Olivera yendo al lanzamiento del diálogo social pese al rechazo unánime de la Coalición Republicana de ser parte, dando a entender con su presencia que, al momento de sentarse a conversar, la Intendencia es prioridad por sobre la agenda política o el blindaje partidario.
El mensaje es claro: el partido es central —nunca dejará de serlo—, pero gobernar no es lo mismo que estar en campaña. Y gestionar en tiempos difíciles requiere otras actitudes que las que viene manteniendo la dirigencia de la oposición frente a algunos temas de la coyuntura actual.
Otro aspecto parece quedar en evidencia: ni en las discusiones presupuestarias ni en las disputas políticas, el interior se va a quedar afuera. Y la descentralización no podrá quedarse en un discurso de campaña, ni de uno ni del otro lado de la mesa.
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