El plebiscito contra la reforma de la seguridad social podría costar hasta u$s 22.000 M al Estado

Expertos y analistas adviertes sobre los "efectos regresivos" de una reforma constitucional y los altos riesgos de la eliminación de las AFAP.

Especialistas alertan sobre los gastos millonarios que el plebiscito contra la reforma de la seguridad social puede causar al Estado uruguayo.

El plebiscito que impulsa el PIT-CNT en contra de la reforma de la seguridad social en Uruguay sigue generando repercusiones y respuestas negativas, no solo a nivel del gobierno —por ir en contra de uno de los pilares de la agenda reformista de la administración de Luis Lacalle Pou— o de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) —por estar en juego su existencia misma—; sino también en especialistas, sindicatos y trabajadores que advierten sobre el impacto que una reforma constitucional como la que plantea la central sindical puede tener sobre el sistema previsional.

Uno de los casos es el del abogado constitucionalista Martín Risso, quien hizo hincapié en la eliminación de las AFAP que persigue el PIT-CNT y señaló que es algo “muy pero muy complicado que todavía no se ha visualizado”.

En diálogo con radio El Espectador, el abogado señaló que “cada una de las personas que tenemos una cuenta en una AFAP vamos a perder esos recursos”, por lo que, de concretarse la iniciativa de la central sindical, “el Estado se va a exponer a que los trabajadores demanden al Estado pidiendo que le devuelvan ese dinero” que, a fin de cuentas, no es de las entidades de ahorro, sino de las personas particulares. Según Risso, en estas demandas podría haber en juego hasta 22.000 millones de dólares.

“Imaginemos que la mitad de los trabajadores inicia un juicio. Estamos hablando de 11.000 millones de dólares, y el Estado uruguayo, si pierde un juicio de esas características, va a quebrar”, insistió el abogado, que adelantó que no tiene “ninguna duda” de que los demandantes ganarían.

“Yo creo que lo grave de esto es que no se advierte el riesgo. Tomar una decisión que puede exponer a Uruguay a juicios hasta por 22.000 millones de dólares, es demasiado grave”, insistió Risso, y consideró que “no se ha reflexionado suficientemente” al respecto.

Finalmente, el abogado constitucionalista agregó que si “política o ideológicamente” se quiere terminar con las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, se puede hacer a través de una ley que permita un proceso gradual. “Esto que extingue las AFAP con proceso retroactivo me parece que es un riesgo tan grande que ni el Estado, ni ningún Estado, puede asumir”, concluyó sobre el tema.

En cuanto a la edad de jubilación y la propuesta del PIT-CNT de poner un tope en los 60 años, Risso consideró que no es una iniciativa “tan grave” como la que involucra a las AFAP, si bien adelantó que sería condenar al país “a un déficit” en la mayoría de las cajas jubilatorias.

La alerta de los asesores de los sindicatos

La cooperativa de economistas “Comuna”, que asesora a diferentes sindicatos”, también se mostró en contra del plebiscito impulsado por el PIT-CNT y emitió un informe en el que señala que la reforma constitucional propuesta por la central sindical “tiene efectos regresivos” porque “beneficia más a quienes menos precisan ser beneficiados” y sus “costos se concentrarán sobre todo en los sectores más vulnerables”.

El colectivo insiste en que el objetivo es “alertar de lo que humildemente se consideran como debilidades” en la propuesta del PIT-CNT, y señala que la medida de fijar en la Constitución “60 años de edad y 30 años de servicios” para acceder a la jubilación es “controversial”: es “tan malo” aumentar “para todas las personas la edad mínima de jubilación sin considerar características particulares o profesionales” como “lo es fijarla en 60”.

Asimismo, el informe advierte que atar las jubilaciones al Salario Mínimo Nacional “genera incentivos a la subdeclaración y la informalidad en muchos sectores de trabajadores”, entre otros factores negativos; y que la propuesta de eliminar las AFAP y prohibir el ahorro individual para fines jubilatorios puede llevar a “un escenario de aumento considerable del gasto público endógeno (es decir que no se puede controlar su crecimiento) de jubilaciones y pensiones”, lo que, a su vez, perjudicará las condiciones de pago de la deuda uruguaya por parte del Estado.