El Senado aprobó los cambios en la ley de lavado de activos

El proyecto ya aprobado en Diputados modifica más de 30 artículos de la normativa vigente, reduce el límite para pagos en efectivo y busca fortalecer las herramientas de control.

El Parlamento discute cambios clave en la normativa contra el lavado de dinero.

El Senado votó a favor de la modificación a laley sobre lavado de activos, luego de un debate que combinó consenso político sobre la necesidad de combatir delitos graves con advertencias sobre la complejidad técnica de la norma y el equilibrio entre la eficacia de los controles y las garantías jurídicas, según expresaron legisladores de distintos partidos durante la discusión parlamentaria.

La iniciativa llegó a la Cámara alta luego de haber sido aprobada en Diputados con mayoría de votos, tras una extensa discusión que implicó cambios en más de 30 artículos de la Ley 19.574, clave en la prevención y combate del lavado de dinero. El proyecto es impulsado por el gobierno y busca actualizar herramientas legales para mejorar la detección de dinero de origen ilícito, con la mira puesta en el narcotráfico. El texto, que ya había sido aprobado en general a fines del año pasado, recibió este miércoles la sanción definitiva del Senado para convertirse en ley.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del límite permitido para pagos en efectivo. La propuesta establece que el tope pasará de un millón de unidades indexadas —nivel fijado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou mediante la Ley de Urgente Consideración— a 200.000 unidades indexadas o al 5% del valor total de la operación, siempre que no supere las 450.000 unidades indexadas. En términos prácticos, esto implica una reducción significativa del monto máximo que puede manejarse en efectivo en determinadas transacciones.

Definir la trazabilidad para evitar el lavado de dinero

Durante el debate en el Senado, el legislador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de una herramienta clave para enfrentar delitos complejos vinculados al origen del dinero. Según afirmó, existe una baja percepción pública sobre la importancia de este tipo de normas, a pesar de su impacto en la lucha contra actividades criminales.

“Para nosotros es muy importante y vamos a votar a favor porque es necesario adecuar la nueva ley de lavado de activos”, señaló el senador frenteamplista. En esa línea, subrayó que combatir el lavado implica atacar directamente estructuras delictivas que operan detrás de diferentes actividades ilegales.

Brenta remarcó que uno de los objetivos centrales es poder identificar el origen del dinero que circula en la economía. “Combatir el lavado de activos es combatir el delito. Es saber de dónde viene el dinero y cuál es su origen”, afirmó durante su intervención en sala.

El legislador también señaló que la normativa puede significar un avance institucional si logra fortalecer el trabajo de los organismos encargados de investigar estos delitos. En particular, mencionó la necesidad de reforzar la actuación de la fiscalía especializada en lavado de activos, que hasta ahora ha tramitado relativamente pocos casos.

“Creemos que es un avance importante y esperamos que esta herramienta fortalezca la lucha contra estos delitos”, sostuvo Brenta, al tiempo que planteó que el objetivo es ampliar la capacidad de investigación y control tanto en el ámbito empresarial como en el laboral.

La oposición pidió no simplificar la discusión

Desde la oposición, el senador del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, coincidió en que el combate al lavado de activos es una prioridad, aunque advirtió sobre la complejidad de la discusión normativa. “Esto no es simple ni fácil, tiene altísimas complejidades”, señaló, al tiempo que afirmó que dentro del Parlamento no existen posiciones favorables al lavado de dinero.

Sin embargo, Ojeda planteó que el debate debe considerar cuidadosamente el equilibrio entre la eficacia de las herramientas de control y el respeto de las garantías jurídicas. “Acá en esta sala no hay nadie a favor del lavado, pero esto implica poner en la balanza la discusión entre la eficacia y las garantías. La sábana es corta y si se tira puede haber desequilibrios graves”, expresó.

El senador agregó que parte del desafío está en la aplicación práctica de la normativa más que en la discusión parlamentaria. A su juicio, el problema central puede terminar siendo más de carácter ejecutivo que legislativo, en referencia a la implementación y fiscalización de las medidas previstas.

Desde el Partido Nacional (PN), el senador Carlos Camy adelantó que los blancos iban a votar negativamente y que los cambios no son necesarios, mientras que el senador Sebastián Da Silva pidió revisar "seriamente" la discusión.