La industria frigorífica calificó de insuficientes las medidas del gobierno para la competitividad

La presidenta de la Asociación de la Industria Frigorífica aseguró que tiene que haber medidas más concretas para reducir los costos del Estado.

La industria frigorífica calificó de insuficientes las medidas del MEF para competitividad. 

Foto: Qualitá FB

Desde la industria frigorífica se mostraron críticos ante las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para mejorar la competitividad del Uruguay; las calificaron de insuficientes y reclamaron que haya más políticas concretas que lleven a la reducción de los costos del Estado.

"Esperábamos algo mucho más sustancioso y nos quedamos con sabor a poco. Avisaron que iba a pasar algo y, de repente, no es lo que se espera ni lo que necesita el sector industrial", reclamó la presidenta de la Asociación de la Industria Frigorífica, Elizabeth Misa.

La dirigente reclamó que las medidas tomadas parecen favorecer la primarización de la economía. "Nos estamos enfocando en sacar los productos sin procesar y se pierde el agregado industrial que podemos agregar y eso se pierde en toda la economía", remarcó Misa.

"Debemos preguntarnos como país si queremos industrializarnos o no y eso es lo que pareciera que no porque pareciera que estamos de espaldas a lo que necesita el Uruguay", reclamó la dirigente. "Esto debería haberse anunciado antes y, cuando lo es, no es lo sustancioso que debería haber sido", añadió y lamentó que el país no sea competitivo en ningún costo, ya sea combustible, energía, entre otros.

¿Cuáles son las medidas anunciadas por el MEF?

Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó cuatro medidas que tienen el objetivo de fomentar la competitividad del país. La primera de ellas, por orden de impacto operativo, consiste en simplificar la burocracia impositiva en frontera, pasando de un control preventivo a uno posterior.

"Estamos eliminando la intervención previa de la DGI en el comercio exterior; lo que supone es una sustitución de trámites por una mejor coordinación entre DGI y Aduanas", explicó el titular del MEF, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Esta medida alcanzará a unas 25.000 operaciones anuales, reduciendo costos logísticos y tiempos de almacenaje para el 15% del comercio exterior total.

La segunda medida, enfocada en la modernización y la "despapelización" del Estado, apunta a la digitalización total del sistema aduanero, eliminando definitivamente el soporte físico. Oddone argumentó: "Para tramitar y archivar operaciones, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) solo exigirá soporte electrónico, eliminando la necesidad de almacenar documentación en papel por cinco años". Además, todos los trámites de exoneraciones para instituciones educativas, deportivas o retornos de compatriotas se gestionarán exclusivamente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), eliminando la presencialidad.

En tercer lugar, el gobierno implementará un cambio en la forma de pago de los tributos aduaneros para favorecer la liquidez de las empresas, rompiendo con la condición actual de pago previo a la liberación de la mercadería. Oddone señaló: "Vamos a permitir que el pago se pueda hacer durante los 30 días en los cuales la mercadería se ha accedido, de manera tal que esto es una reducción del costo financiero". Esta facilidad permitirá a los importadores, especialmente a las Pymes, disponer de la mercadería para trabajarla antes de tener que desembolsar los tributos, aliviando su flujo de caja.

La última de las cuatro medidas inmediatas se enfoca en la eficiencia de los controles y la celeridad en la devolución de impuestos para operadores certificados. Oddone indicó: "Estamos reduciendo de 210 a 30 días el plazo para cobrar la devolución de tributos por parte de los importadores que hagan uso de operadores económicos calificados". Asimismo, se eliminó el precinto electrónico para tránsitos ferroviarios y se limitarán las verificaciones físicas (canal rojo) exclusivamente a aquellas operaciones que surjan de un análisis de riesgo real, eliminando la obligatoriedad para sectores específicos como los kits de automóviles.