¿Está preparada la economía uruguaya para avanzar con cambios en el sistema laboral?

El debate sobre la reducción de la jornada o el preaviso de despidos muestra diferencias entre sindicatos y empresarios, mientras la OIT señala que las reformas en la región avanzan con gradualidad.

Los cambios laborales reavivan el debate por la productividad en Uruguay.

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El debate sobre posibles cambios en el sistema laboral es parte de la agenda en Uruguay, pero más allá de la discusión sobre la reducción de la jornada laboral o nuevas reglas en materia de despidos, una de las cuestiones que aparece como condición central para avanzar en reformas es el nivel de productividad de la economía y de las empresas.

La reducción de las jornadas laborales se encuentra entre las propuestas impulsadas por el gobierno y el movimiento sindical, que promueve el pasaje de 48 a 40 horas semanales sin reducción salarial. Sin embargo, desde el sector empresarial advierten que cualquier modificación en la organización de la jornada debe analizarse en un marco más amplio que incluya variables como la competitividad, la inversión y la capacidad productiva del país.

Para la especialista en salarios y tiempo de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, Sonia Gontero, la discusión sobre la jornada laboral forma parte de un proceso que también atraviesan otros países de la región. En América Latina ya existen experiencias recientes de reducción del tiempo de trabajo legal, como en Chile y Colombia, donde se implementó una reforma laboral de manera gradual y con mecanismos de adaptación para las distintas realidades productivas.

“La reducción de la jornada laboral es actualmente un tema presente en la agenda uruguaya”, señaló Gontero, quien subrayó que el país no es una excepción dentro de una tendencia regional. Según explicó, la experiencia internacional muestra que los cambios suelen desarrollarse de manera progresiva y con participación de los actores sociales. “Estos procesos suelen ser graduales y requieren espacios de negociación que contemplen la heterogeneidad sectorial”, indicó.

En el caso de Uruguay, además, existe una trayectoria previa en la negociación del tiempo de trabajo. Un análisis reciente de la OIT identificó al menos 20 convenios colectivos, tanto en el sector público como en el privado, que incorporaron reducciones o redistribuciones horarias. De hecho, el promedio de horas efectivas trabajadas en el país se ubica actualmente por debajo del límite legal de 48 horas semanales, lo que refleja que ya existen experiencias de adaptación dentro del sistema de negociación colectiva.

Empresarios advierten por el aumento de los costos

Desde la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, sin embargo, consideran que el momento del debate debería estar enfocado principalmente en cómo mejorar la productividad. El sector sostiene que el país es “una economía pequeña y abierta” que compite por inversiones y mercados internacionales, por lo que una reducción de horas sin un aumento previo de productividad podría traducirse en mayores costos.

“Si se reducen las horas trabajadas sin que previamente haya aumentado la productividad, el efecto inmediato puede ser un aumento de los costos laborales”, advirtieron desde la organización empresarial a Ámbito. A su juicio, ese escenario podría afectar la competitividad de las empresas y, eventualmente, el nivel de empleo.

Por esa razón, las cámaras empresariales sostienen que el debate debería ampliarse hacia otros factores que inciden en el desempeño del mercado laboral. “Cualquier modificación estructural en materia laboral debe analizarse con mucho cuidado”, señalaron, y agregaron que la discusión debería incluir aspectos como la capacitación, la incorporación de tecnología y las nuevas formas de organización del trabajo.

En ese marco, el sector empresarial plantea que cualquier cambio en la organización del tiempo de trabajo debería contemplar mecanismos de flexibilidad que permitan adaptarse a la diversidad de actividades productivas. “Uruguay tiene una estructura productiva muy heterogénea, por lo que difícilmente una solución única funcione para todos los sectores”, indicaron.

La discusión por el preaviso de despidos

Otro de los temas en discusión dentro de la agenda laboral es la propuesta del gobierno de establecer la obligación de preaviso ante cierres de empresas o despidos colectivos, una iniciativa que busca generar instancias de diálogo previo para explorar alternativas que eviten pérdidas masivas de empleo. Desde el sector empresarial advierten, sin embargo, que el país ya cuenta con un sistema que combina indemnización por despido y seguro de desempleo.

"Es importante encontrar un equilibrio adecuado entre la protección del trabajador y la seguridad jurídica de las empresas", sostienen los empresarios además de asegurar que "ya cuenta con un nivel de protección significativo frente a la pérdida del empleo, por lo que cualquier modificación adicional en materia de preavisos o restricciones al despido no resulta conveniente".

Mientras que desde la Cámara aseguran que "el foco debería estar en mantener las reglas claras, previsibles y equilibradas con las que ya contamos, que continúen protegiendo al trabajador, pero que al mismo tiempo no generen barreras adicionales para la contratación, la inversión y la generación de empleo", para Gontero más allá de las posiciones de cada actor, la evidencia comparada muestra que las reformas laborales sostenibles suelen apoyarse en reglas claras y en la participación de los actores sociales. “Los procesos más sostenibles suelen ser graduales, con previsibilidad y márgenes de adaptación”, afirmó.