¿Qué camino tomará Uruguay en medio del avance de las reformas laborales en América Latina?

Mientras Argentina aprueba una flexibilización y México reduce la jornada a 40 horas, el país debate cambios en los tiempos de trabajo y nuevas reglas de preaviso ante despidos.

Argentina flexibiliza, México reduce horas y Uruguay tiene su propio debate laboral.

En un presente de transformaciones en el mundo del trabajo, con el Senado argentino otorgándole media sanción a una reforma laboral que habilita convenios por empresa, crea un banco de horas y fija topes a indemnizaciones, mientras que en México se avanzó con la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas; en Uruguay las transformaciones en materia de empleo están agenda y forman parte de las prioridades según las autoridades.

La discusión nacional tiene como eje la posible reducción de la jornada laboral, una meta que el gobierno considera central. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, confirmó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) continúa analizando experiencias internacionales como Chile y dialogando con actores sociales y académicos para evaluar la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento. La intención oficial es alcanzar un acuerdo tripartito, aunque el Poder Ejecutivo no descarta avanzar con una iniciativa propia si no se logra consenso.

Desde el PIT-CNT impulsan el pasaje de 48 a 40 horas semanales sin reducción salarial. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, ha sostenido que una jornada más corta no solo mejora la calidad de vida, sino que puede impactar positivamente en el rendimiento y en la organización del trabajo. En los hechos, Uruguay ya acumula antecedentes. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó 20 convenios colectivos —del sector público y privado— que incluyeron reducciones o redistribuciones horarias.

El debate sobre los cambios laborales no se limitan a la duración de la jornada. El gobierno también impulsa un proyecto para establecer la obligación de preaviso ante cierres de empresas o despidos colectivos, con el objetivo de habilitar instancias de diálogo previo y explorar alternativas que eviten pérdidas masivas de empleo. La propuesta, alineada con el Convenio 158 de la OIT, generó respaldo en el oficialismo y cuestionamientos desde sectores opositores que la consideran una carga adicional para el sector privado.

Voces disidentes y resistencias del sector empresarial

Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay (Ccsuy) insiste en la necesidad de modernizar la normativa para reducir rigideces, descentralizar la negociación salarial y aliviar la burocracia, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. También plantean mecanismos de “descuelgue” más claros cuando una firma no pueda cumplir con los convenios sectoriales.

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, fue uno de los que se manifestó tras la aprobación del Senado argentina de la Ley de Modernización Laboral a la que calificó como "un hito muy relevante", ya que destacó como claves para la flexibilización "la posibilidad de extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas y la creación de banco de horas", además de pasar a dar prioridad a convenios laborales por empresa por sobre acuerdos a nivel de ramas de actividad. "Hace años que insisto públicamente (sin ningún éxito) de que es crítico implementar en Uruguay algo similar", indicó mediante su cuenta de X.

En una línea similar se expresó el asesor de la Federación Rural (FR), Milton Ramallo, quien sostuvo que "Argentina se está moviendo con rapidez y necesitamos reaccionar cuanto antes". Para el economista es "fundamental" impulsar cambios que mejoren las condiciones de competitividad y producción. "Todavía estamos a tiempo de implementar reformas que permitan retener a quienes aún invierten en el país y, al mismo tiempo, apuntar a elevar el nivel de inversión, que hoy representa apenas el 16% del PBI".

México y Argentina, reformas con focos opuestos

En Argentina, la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei propone cambios estructurales en la regulación del empleo formal. Entre los puntos centrales se encuentran la habilitación de convenios colectivos por empresa por encima de los acuerdos sectoriales, la implementación de un banco de horas para compensar jornadas extensas sin pago automático de extras y la modificación del esquema de indemnizaciones, con topes y nuevos criterios de actualización. El proyecto también introduce cambios en los períodos de prueba, en el régimen de multas por empleo no registrado y en el financiamiento sindical, aunque con ajustes de último momento para asegurar apoyos en el Senado.

El oficialismo argentino sostiene que la reforma busca modernizar un sistema que considera rígido, reducir la litigiosidad y fomentar la contratación formal, en un contexto de alta informalidad laboral. Sectores sindicales y parte de la oposición, en cambio, advierten que la descentralización de la negociación colectiva y los límites a las indemnizaciones debilitan la protección de los trabajadores y fragmenta el poder gremial. Tras la media sanción, el texto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Con un foco opuesto, en México, se le dio luz verde a la reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa fue aprobada en el Senado con amplio respaldo y prevé una implementación gradual, con recortes de dos horas por año hasta 2030. El gobierno mexicano argumenta que la medida mejorará la calidad de vida y alineará al país con estándares internacionales, en una economía que figura entre las que más horas trabaja dentro de la OCDE. Sin embargo, sectores opositores cuestionaron que el proyecto no garantice explícitamente dos días de descanso por cada cinco trabajados y señalaron que la ampliación del tope de horas extras podría relativizar el alcance efectivo de la reducción.