Crysol reclama que no se tuvieron en cuenta sus opiniones en la discusión del proyecto de acceso libre a archivos sobre la dictadura militar uruguaya.
La asociación que nuclea a los expresos y presas políticas durante la última dictadura militar en el Uruguay, Crysol, elevó su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga y no prospere el proyecto de libre acceso a los archivos de la dictadura ya que consideran degradan la democracia.
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La presidenta de la organización, Margarette May Macaulay, presentó una carta a la CIDH donde se pide que se ponga fin a “prácticas impropias que degradan la democracia”. Por otro lado, cuestiona la posición de la coalición oficialista respecto a no recibir las opiniones de la organizaciones involucradas.
Otras organizaciones, al igual que Crysol, cuestionaron el hecho de que el proyecto proponga el libre acceso a los archivos de la dictadura, especialmente lo que refiere a la identidades de las víctimas, sumado a que no fueron incluidas sus opiniones en las discusiones en el Senado. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aseguraron que las identidades iban a quedar al resguardo
Por otro lado, reclaman que tampoco pudieron expresar su opinión respecto a la ley aprobada de resarcimiento económico a las víctimas de sedición donde aseguran que duplican o triplican a aquellas que fueron concedidas a víctimas de terrorismo de Estado.
A mediados de mayo, el ministro de Defensa, Javier García, confirmó que el gobierno de Lacalle Pou envió un proyecto de ley al Parlamento para que los documentos relativos a violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura sean de libre acceso.
Los ministerios de Defensa Nacional y de Educación y Cultura presentaron ante el Parlamento la iniciativa legislativa para que los “documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos” sean de libre acceso para cualquier interesado.
El proyecto consta de cuatro artículos y crea una sección en el Archivo General de la Nación, que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “Se busca facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones, tal el caso de los denominados Archivos Berrutti”, dice la argumentación que acompaña a la propuesta.
El Archivo Berrutti está compuesto por unos 1.500 rollos de microfilms, cada uno con miles de páginas y distintos documentos, incluidos actas de detenidos, reportes de allanamientos y órdenes de captura, en el período de 1968 al 2000. Los papeles fueron encontrados en 2006 en una unidad militar, donde funcionó un centro de detención y tortura de la dictadura.
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