Gabriel Oddone aseguró que los nuevos cambios tributarios "no tienen ningún impacto en la recaudación"

El ministro afirmó que ni la exclusión de las zonas francas en el Impuesto Mínimo Global ni la autorización judicial para levantar el secreto bancario afectan las proyecciones del gobierno.

Gabriel Oddone aseguró que los nuevos cambios tributarios "no tienen ningún impacto en la recaudación".

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, comparece en el Parlamento para presentar los cambios introducidos en el proyecto de ley de Presupuesto en lo que respecta a la cartera que dirige y al Banco Central del Uruguay (BCU), y aseguró que las modificaciones sobre el Impuesto Mínimo Global (IMG) y el secreto bancario recientemente anuncias "no tienen ningún impacto en la recaudación".

Frente a un proyecto "optimista" y "audaz", como el mismo ministro calificó al Presupuesto, las modificaciones anunciadas sobre la aplicación del IMG —en cuanto a la implementación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) que, finalmente, excluirá a las empresas radicadas en zonas francas — y al secreto bancario abrieron dudas respecto de si se podrán cumplir las proyecciones incluidas en el texto o si, ya de entrada, habrá que ajustar. Sin embargo, Oddone aseguró que, en general, las perspectivas son las mismas.

"Los cambios no tienen ningún impacto sobre la recaudación, por lo tanto sigue siendo la misma que estábamos estimando, y simplemente lo que hacen es disponer un mecanismo legal mediante el cual aquellas empresas que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria, que no estén comprendidas dentro de los países que están adheridos o que sus matrices no están instaladas en países donde el Impuesto Mínimo Global ya rige, no van a tener que hacer frente al impuesto", explicó Oddone sobre el tributo ante la Comisión integrada de Hacienda y Presupuesto.

Sobre los cambios al secreto bancario —uno de los aspectos más rechazadas desde la oposición, el sector bancario y hasta desde el empresariado local—, el titular del MEF señaló que se mantendrá la intervención del Poder Judicial en la autorización para el acceso a información financiera por parte de la Dirección General Impositiva (DGI), pero que se trabajará sobre "algunos plazos establecidos".

¿Cómo son los nuevos cambios del gobierno en el Presupuesto?

Tras un acuerdo entre el gobierno y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —y ante las múltiples expresiones de preocupación al respecto desde el empresariado, principalmente, respecto del impacto en nuevas inversiones y la posible salida de firmas ya instaladas en el país—, finalmente el equipo económico resolvió excluir a las empresas instaladas en zonas francas del alcance del IMG.

El anuncio fue confirmado días atrás por el mismo Oddone quien manifestó que el convenio con la OCDE permitirá “excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”; incluso pese que el el gravamen es de “alteración tributaria neutra", porque “ya se está pagando” y agregó que el objetivo es “localizarlo en territorio uruguayo”.

“No nos hagamos un daño a nosotros mismos”, deslizó el jerarca, en un mensaje tácito para la oposición, para luego agregar que el IMCD “es audaz, pero va alineado a mantener el clima de negocios”, descartando la posibilidad de complicar la llegada de nuevas inversiones.

Por otra parte, el cambio en la regulación del secreto bancario dio marcha atrás a la eliminación de la necesidad de una autorización judicial para que la DGI acceda a la información financiera. En ese sentido, el nuevo articulado establece que el organismo tributario deberá presentar un reclamo formal ante la Justicia para obtener dichos datos, y fundamentar por qué la medida resulta necesaria para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización tributaria.

Con el nuevo esquema, si la Fiscalía no presenta argumentos contrarios, las empresas quedarán obligadas a levantar la reserva sobre las operaciones que estén bajo investigación. La Justicia tendrá un plazo de 30 días hábiles para expedirse tras el reclamo de la DGI y, en caso de no hacerlo, el organismo tributario podrá acceder de todos modos a la información solicitada.

Oddone señaló que el objetivo de la modificación es reforzar las garantías del debido proceso sin desnaturalizar las herramientas de control del fisco. “Se trata de un ajuste de equilibrio entre potestades del Estado y derechos individuales”, explicó en la reunión parlamentaria.