El MEF le pone un freno a la DGI y ahora el organismo deberá pedir autorización judicial para levantar el secreto bancario

Gabriel Oddone introdujo un conjunto de cambios en la Ley de Presupuesto que se discutirá en Diputados.

Si el nuevo Presupuesto se aprueba, la DGI ya no podrá fiscalizar cuentas bancarias sin control judicial previo.

Foto: Presidencia

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Presupuesto, en especial, una nueva regulación sobre el levantamiento del secreto bancario, que afecta directamente las potestades de la Dirección General Impositiva (DGI).

El ministro del MEF, Gabriel Oddone, explicó que el nuevo articulado establece que la DGI deberá presentar un reclamo formal ante la Justicia cuando pretenda acceder a información financiera de una empresa. En dicho planteo, el organismo deberá fundamentar por qué la medida resulta necesaria para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización tributaria.

Hasta ahora, la DGI tenía la posibilidad de levantar el secreto bancario sin necesidad de contar con una autorización judicial, lo que había generado críticas de parte de legisladores de la oposición y de algunos sectores empresariales.

Procedimiento y tiempos

Con el nuevo esquema, si la Fiscalía o la Justicia no presentan argumentos contrarios, las empresas quedarán obligadas a levantar la reserva sobre las operaciones que estén bajo investigación. La Justicia tendrá un plazo de 30 días hábiles para expedirse tras el reclamo de la DGI y, en caso de no hacerlo, el organismo tributario podrá acceder de todos modos a la información solicitada.

Oddone señaló que el objetivo de la modificación es reforzar las garantías del debido proceso sin desnaturalizar las herramientas de control del fisco. “Se trata de un ajuste de equilibrio entre potestades del Estado y derechos individuales”, explicó en la reunión parlamentaria.

Reacciones políticas

El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, valoró los cambios aunque manifestó que aún persisten diferencias sobre el alcance del procedimiento. "Lo que decíamos es que no se puede permitir una violación al derecho a la intimidad sin un procedimiento judicial, sin la presencia de un juez", sostuvo el legislador en declaraciones a Subrayado.

En el oficialismo, en tanto, se interpreta que la modificación ayuda a dar mayor respaldo institucional a las actuaciones de la DGI, evitando cuestionamientos posteriores en la Justicia. Para la oposición, en cambio, el debate sigue abierto sobre hasta qué punto se logra un balance real entre la lucha contra la evasión y la protección de la privacidad de las empresas.

El tema seguirá en discusión dentro de la comisión parlamentaria en los próximos días, en paralelo al resto del articulado del Presupuesto.