Un informe determinó que Cardama no dispone de la capacidad técnica ni administrativa para cumplir los plazos de construcción.
La Armada alertó por irregularidades del astillero que construirá las patrullas oceánicas.
Un informe interno de la Armada Nacional reveló que el astillero español Cardama, contratado durante el gobierno anterior, no cuenta con la capacidad técnica para cumplir en tiempo y forma con la construcción de las patrullas oceánicas encargadas por el Estado por un valor de aproximadamente 100 millones de dólares.
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La información fue presentada este lunes en una reunión encabezada por el Comando de la Armada con todos los capitanes de navío. El informe fue elaborado por dos oficiales que inspeccionaron las instalaciones del astilllero, ubicado en Vigo, España.
Según el documento, Cardama aún no presentó los planos de construcción definitivos, y los diseños actuales "están en fase de ser aprobados". Los oficiales advirtieron que el astillero "toma riesgos", ya que podrían surgir observaciones técnicas que afecten el avance del proyecto.
Además, se identificaron fallas graves en el control de calidad y la formalidad contractual: aún no se firmó el contrato con Lloyd’s Register (LR), la empresa certificadora elegida por la Armada para supervisar cada etapa del proceso. Las piezas fabricadas hasta el momento sólo han sido inspeccionadas visualmente, sin verificación técnica oficial. También se denunció que los motores fueron comprados sin intervención de LR y que el contrato carece de firmas certificadas y anexos técnicos completos.
El informe agrega que hasta el 27 de mayo Cardama no contaba con los permisos necesarios para construir los buques, pese a que para entonces ya se habían abonado 28 millones de dólares en distintas etapas del acuerdo.
Ante la magnitud de las irregularidades, el Ministerio de Defensa (MD) resolvió asumir el control directo de la obra, enviar a dos oficiales superiores a Vigo para monitorear permanentemente el proceso y centralizar la autorización de pagos, que hasta ahora no pasaban por su aprobación.
La licitación y contratación de Cardama fue decidida durante la gestión del exministro de Defensa, Javier García, actual senador del Partido Nacional (PN). Ahora, el gobierno busca garantizar que la millonaria inversión no termine en incumplimientos ni perjuicios para el Estado.
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