La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) resolvió este sábado llevar adelante un plan de medidas gremiales por el “deterioro estructural y persistente” de las remuneraciones judiciales, una situación que compromete “el valor real del trabajo de juezas y jueces” y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial.
La Asociación de Magistrados inicia un plan de medidas por el "deterioro estructural" de los salarios
Los jueces exigieron que en un plazo de 30 días se establezca un ámbito de negociación y, en caso de no obtener respuestas, adivierten que llegarían al paro.
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La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) resolvió este sábado activar un plan de medidas gremiales.
La asamblea convocada por el gremio le exigió al Poder Ejecutivo y al Parlamento que, en un plazo de 30 días, habiliten un espacio de negociación específico para rediseñar el sistema salarial de los jueces. En paralelo, el sindicato decidió solicitar información sobre sueldos de otros funcionarios del Estado a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, con el objetivo de sustentar su planteo.
El plan de medidas comenzará con acciones que, en una etapa inicial, no afectarán el funcionamiento esencial de los juzgados. Entre ellas se incluye informar al inicio de cada audiencia la existencia del conflicto, explicar en forma breve las causas del reclamo y detallar la situación salarial de los magistrados. También registrarán las condiciones materiales de trabajo mediante fotos y videos de los juzgados con mayores dificultades, preservando la privacidad de personas no autorizadas.
El gremio realizará asambleas en horario laboral para visibilizar el conflicto y aplicará estrictamente los plazos legales, sin adelantar tareas. Además, se suspenderá la participación de magistrados en comisiones o espacios institucionales para los que fueron designados por la Suprema Corte de Justicia.
Medidas que afectarían el servicio
Si no hay avances en la negociación, los jueces agremiados endurecerán las medidas de protesta. En este sentido, adelantaron que podrían afectar la actividad judicial al fijar un plazo uniforme de 15 días para firmar órdenes de pago, dejar de tomar audiencias por medios electrónicos, establecer un único día semanal para la firma de protocolos notariales en el interior del país, ampliando progresivamente el intervalo hasta su eventual suspensión total, reprogramar audiencias que no sean urgentes y suspender tareas no esenciales.
En caso de persistir la falta de respuesta, evalúan una etapa avanzada del conflicto que podría culminar en una paralización total de actividades, garantizando únicamente una guardia gremial destinada a atender asuntos estrictamente urgentes o que puedan derivar en perjuicios inmediatos para derechos fundamentales.
La asamblea facultó a la Comisión Directiva de la AMU a convocar a una nueva reunión en un plazo máximo de 10 días para evaluar la situación y definir los pasos a seguir. De esta manera, los jueces buscan presionar al gobierno y al Parlamento para que se abra una negociación formal que atienda un reclamo que, según sostienen, se arrastra desde hace años y amenaza la calidad e independencia del Poder Judicial.
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