Uruguay avanzó bastante en modernización tributaria e, incluso, se enfrenta a algunas modificaciones en impuestos clave en la estructura fiscal local, y si bien todavía queda un largo camino por recorrer, existen pocas dudas de que la discusión tiene un lugar central; sin embargo, hay un aspecto que suele quedar replegado detrás del enfoque económico: los derechos de los contribuyentes.
Este es un tema sobre el que el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) viene poniendo el foco, señalando una deuda institucional que tiene el país: la creación de una Defensoría especializada, que permita, al menos, reducir la brecha estructural que existe entre quienes cuentan con los recursos económicos para acceder a asesoramiento profesional —ante situaciones como, por ejemplo, el cobro indebido de un impuesto o el inicio de un proceso legal por una deuda de la cual no se había informado—; y quienes no pueden costearlo.
En ese sentido, una Defensoría del Contribuyente es un organismo público diseñado para proteger, resguardar y promover los derechos de quienes pagan impuestos frente a las administraciones tributarias —en el caso uruguayo, la Dirección General Impositiva (DGI) —, sobre todo a quienes son más vulnerables, como trabajadores y jubilados, personas alejadas de los centros urbanos y micro pymes.
El camino de Uruguay hacia una Defensoría del Contribuyente
Uruguay todavía no cuenta con una Defensoría del Contribuyente especializada que permita ser un mediador entre el Estado y los ciudadanos en las cuestiones impositivas. Y la brecha existente es notable: según un estudio local de las investigadoras Natalia Acosta Casco y Sol Agostino Giraldez (UdelaR), el 70% de los operadores del sistema tributario considera que los contribuyentes están "poco" o "nada" informados sobre sus derechos dentro de un proceso administrativo tributario, y que el 72% evalúa la relación fisco-contribuyente como favorable al fisco.
Este escenario permite la reproducción de la desigualdad entre quienes tienen recursos para el asesoramiento profesional y quienes no, y siguen, incluso, horadando la imagen habitualmente negativa respecto del sistema tributario y las administraciones correspondientes, como la DGI o el Banco de Previsión Social (BPS).
Sin embargo, hubo algunos intentos en avanzar hacia un organismo que tuviera las características de una Defensoría: ya en 2008, en el marco de las jornadas tributarias organizadas por la DGI, se analizó la necesidad de una "Carta del contribuyente", lo que derivó, en 2010, en la elaboración de un proyecto de ley homónimo por parte del Colegio de Abogados del Uruguay y del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), que no obtuvo el apoyo necesario. En 2016, un segundo intento legislativo tuvo como respuesta que ya existía un compendio normativo suficiente; y, finalmente, en 2024 se archivó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la última iniciativa al respecto.
En contrapartida, igualmente, se avanzaron en modificaciones normativas que resultaron positivas para los contribuyentes, tales como la ley 18.788 de Relacionamiento de los Contribuyentes con la Administración Tributaria (2011); la publicación de una Carta del Contribuyente en 2012 —cuestionada por su carácter declarativo y no constitutivo—; y la ley 20.333 (2024), que introdujo mejoras al sistema de reclamos frente a los organismos públicos.
Sin embargo, el debate en torno a la necesidad de crear una Defensoría del Contribuyente sigue vigente como un paso clave para el fortalecimiento de la institucionalidad y el acceso a los derechos en el sistema tributario.
¿Qué puede aprender Uruguay de la experiencia chilena?
Con el objetivo de seguir profundizando en el tema, el IUET organizó un evento con las autoridades de la Defensoría del Contribuyente de Chile (Dedecon), con el objetivo de conocer una experiencia cercana y exitosa.
En Chile, la Dedecon es un organismo público, descentralizado y gratuito cuyo objetivo principal es resguardar, promover y proteger los derechos de los contribuyentes, con enfoque en las personas más vulnerables y 100% online. Cuenta con siete servicios: orientación y apoyo tributario; representación administrativa; acompañamiento tributario; representación judicial ante vulneración de derechos; mediación ante el organismo tributario; recepción y gestión de quejas antes funcionarios del organismo tributario; y la elaboración de informes y opiniones técnicas.
Un aspecto interesante es que la capacitación y educación tributaria es una de las acciones centrales de la institución, entendiendo que la falta de información es un problema estructural en el diseño de los sistemas impositivos. Asimismo, sus competencias se fueron ampliando con el paso de los años y desde su creación en 2020, hasta alcanzar la representación judicial de los contribuyentes ante la vulneración de derechos tributarios.
De todos modos, la orientación tributaria es uno de los programas centrales de la Dedecon, en tanto apunta a reducir esa brecha estructural entre quienes cuentan con recursos para asesoramiento profesional y quienes no. En estas orientaciones "uno a uno", las explicaciones simples, el lenguaje claro y un modelo de atención dinámico son fundamentales para informar sobre las vías de acción antes las distintas situaciones que pueden enfrentar los contribuyentes; y también hay un análisis sobre si el caso puntual supone una posibilidad de mediación o intervención por parte del instituto en cuestiones impositivas, tesoreras y aduaneras. En ese sentido, la mediación y la gestión de quejas son dos mecanismos importantes en la Defensoría, sobre todo considerando que, en Chile, una representación administrativa-judicial puede llegar a durar hasta ocho años.
Asimismo, la Dedecon llevó a cabo, recientemente, estudios de detección y análisis de las necesidades de los contribuyentes, así como de conocimiento y autonomía tributaria para orientar más eficazmente las acciones y el trabajo del organismo.