La Dirección General Impositiva (DGI) proyecta cambios que apuntan a simplificar trámites, mejorar el control y reducir la informalidad, mediante nuevas herramientas, sistemas de retención y una mayor utilización de información proveniente de plataformas digitales y análisis de riesgo.
La estrategia forma parte de medidas impulsadas por el gobierno para reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones, en línea con los objetivos incluidos en el proyecto de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. En ese marco, el director general de Rentas, Gustavo González, adelantó modificaciones que alcanzarán a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a propietarios que alquilan inmuebles mediante plataformas digitales y vendedores particulares que operan de forma frecuente a través de internet.
Uno de los principales cambios estará dirigido a las empresas del Grupo No CEDE, es decir, aquellas que no requieren controles especiales por parte de la administración tributaria. A partir de octubre, la DGI comenzará a aplicar un sistema de validación en tiempo real para las declaraciones juradas de IVA.
El mecanismo funcionará mediante un sistema de “semáforo”. Cuando la información presentada por el contribuyente coincida con los datos y estimaciones que maneja la DGI, la declaración recibirá una señal verde. En cambio, cuando existan discrepancias relevantes, aparecerá una señal roja. Pese a ello, el contribuyente podrá presentar igualmente la declaración y pagar el monto que considere correcto.
Según explicó González, la novedad radica en que el organismo brindará una devolución inmediata sobre el grado de coincidencia entre los datos declarados y la información que posee la administración tributaria. Además, el análisis incorporará herramientas de evaluación de riesgo y seguimiento individualizado a través de ejecutivos de cuenta asignados a cada empresa. En los casos más complejos, las diferencias podrían derivar en procesos de fiscalización.
Agilizar trámites para jubilados y pensionistas
Otro de los objetivos de la DGI es eliminar la necesidad de que jubilados y pensionistas deban presentar anualmente la declaración jurada del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Para ello, el organismo trabaja en un sistema de retenciones complementarias que permita ajustar durante el año los descuentos realizados y alcanzar el pago total del tributo sin necesidad de trámites posteriores.
La intención es que las distintas retenciones efectuadas a lo largo del ejercicio se consoliden automáticamente, evitando que los contribuyentes tengan que realizar declaraciones adicionales. De acuerdo con González, existe una alta probabilidad de que este esquema comience a implementarse en 2027.
Formalización en el sector inmobiliario
En paralelo, la DGI avanza en acuerdos con plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, Booking.com y Expedia para obtener información sobre los propietarios que ofrecen inmuebles en alquiler. Con esos datos, el organismo enviará directamente boletos de pago para el IRPF correspondiente a los ingresos obtenidos por esa actividad.
La medida responde a reclamos de formalización realizados por actores del sector inmobiliario y se prevé que las tareas de fiscalización comiencen durante el último trimestre del año. Asimismo, los arrendamientos que cuenten con respaldo de aseguradoras pasarán a estar incluidos en un sistema similar de liquidación y pago.
Por último, la DGI también pondrá el foco en las ventas realizadas a través de plataformas digitales. Los vendedores particulares que registren una actividad frecuente podrán quedar alcanzados por nuevas retenciones aplicadas sobre los medios de pago utilizados en las transacciones. El esquema será similar al que actualmente opera con las tarjetas de crédito y buscará reducir los niveles de informalidad presentes en determinadas operaciones de comercio electrónico.
Con estas medidas, la administración tributaria procura combinar una mayor simplificación para los contribuyentes con herramientas de control más precisas, apoyadas en tecnología, intercambio de información y mecanismos de fiscalización preventiva.