El intendente de Montevideo, Mario Bergara, salió a ponerle paños fríos al debate que tomó por asalto la agenda política de las últimas semanas y dejó en claro que el túnel en 18 de Julio no es un hecho consumado ni una decisión tomada, sino apenas una de las opciones sobre la mesa de un proyecto de movilidad metropolitana.
La reforma de transporte en Montevideo podría llegar a costar hasta u$s 1.000 millones
Yamandú Orsi prometió la finalización en 2029, pero el intendente Mario Bergara advirtió que los tiempos son cortos y que el proceso es complejo.
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El BID aprobó 500 millones de dólares y la CAF otros 300 millones de dólares. El financiamiento está pero la decisión política todavía no.
"No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel", dijo el jefe comunal ante la prensa, luego de presentarles a los ediles de todos los partidos cinco proyectos por un costo total de 300 millones de dólares, financiados mediante préstamos, que incluyen obras en vereda, limpieza, saneamiento y recuperación de la Ciudad Vieja.
El mensaje de Bergara fue claro: discutir el túnel como si fuera un hecho consumado no tiene sentido cuando la decisión todavía no está tomada. "Esto no es túnel sí o túnel no; estamos hablando de un proyecto de movilidad metropolitana en donde el túnel es una parte menor del proyecto", remarcó y amplió el foco hacia los corredores que llegarían hasta El Pinar y Zonamérica, e incluso hasta Pando según las opciones que maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Un proyecto que va mucho más allá de 18 de Julio
La reforma del transporte metropolitano contempla la construcción de dos corredores exclusivos para ómnibus articulados eléctricos de alta capacidad, los llamados BRT, de 220 pasajeros, que confluirían en Tres Cruces para luego tomar 18 de Julio hasta Plaza Independencia. Un corredor iría por Avenida Italia y Giannattasio hasta El Pinar, y el otro por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica. El proyecto promete reducir los tiempos de viaje entre 25 y 30 minutos para los habitantes del área metropolitana, que incluye a más de 600.000 personas en Canelones.
El costo total del proyecto es uno de los puntos más sensibles del debate. Un estudio de la Universidad de la República (Udelar) estimó que el proyecto incluyendo el túnel en 18 de Julio demandaría al menos 590 millones de dólares, pero esa cifra no incluye impuestos, material rodante ni otros factores. Bergara ya advirtió que el número real podría rondar los 1.000 millones de dólares. El financiamiento internacional ya está parcialmente asegurado: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito de 500 millones de dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó otros 300 millones de dólares.
El túnel que nadie termina de definir
Si hay algo que todos los actores tienen en claro, es que la decisión sobre el túnel en 18 de Julio no está tomada. El escenario de máxima implica un soterramiento desde Fernández Crespo o Eduardo Acevedo hasta Plaza Independencia. La variante que defiende Bergara es más acotada: desde Ejido hasta Plaza Independencia, para minimizar el impacto sobre los comercios y la movilidad del centro. Una opción intermedia llegaría hasta Tres Cruces.
El propio director nacional de Transporte, Felipe Martín, reconoció que las resistencias de la Intendencia de Montevideo son respetables dado que el gobierno departamental debe sopesar las interferencias que en una ciudad consolidada generan este tipo de obras. Los cateos geotécnicos realizados meses atrás encontraron roca dura a tres metros de profundidad, lo que, según especialistas, no descarta que deban realizarse explosiones controladas durante las obras, un factor que agrega complejidad técnica y de costo al proyecto.
La política también mete la mano
El debate tiene además una dimensión política que el propio Bergara intentó bajar de tono. El senador nacionalista, Martín Lema, anunció la semana pasada que el Partido Nacional (PN) analiza acciones parlamentarias para frenar el proyecto, al que calificó de disparate que podría destruir toda la zona comercial céntrica.
Desde el oficialismo, la disputa también tiene matices internos: mientras el presidente Yamandú Orsi, la ministra del MTOP, Lucía Etcheverry, y el intendente canario Sebastián Legnani impulsan el megaproyecto, Bergara debe gestionar las preocupaciones de los vecinos y comerciantes de 18 de Julio, que temen años de obras en la principal arteria de la capital.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay también publicó esta semana un informe con advertencias sobre la reforma, señalando que la construcción del túnel puede ser beneficiosa en términos de tiempo de viaje pero que no está claro el costo-beneficio global, y alertando sobre el riesgo de vaciamiento del centro de Montevideo si la mejora de conectividad incentiva aún más la expansión de la mancha urbana hacia Canelones.
Los tiempos son cortos
Bergara fue explícito sobre la urgencia: "Los tiempos son cortos. La idea es empezar el año próximo con el proyecto que se defina, y debe hacerse rápidamente porque después se viene la conformación de un proyecto ejecutivo que es enorme, que es complejo, y después está todo el proceso de licitaciones". El presidente Orsi señaló ante la Asamblea General que las obras finalizarían en el correr de 2029, aunque si arrancaran a mediados de 2027 el cronograma se extendería hasta 2030, ya con una nueva administración nacional instalada.
Sobre el proceso de toma de decisiones, Bergara fue categórico: "No vamos a dar esa discusión por los medios porque sería una deslealtad institucional". La intendencia se dio un plazo de tres semanas para recibir comentarios y sugerencias de ediles, comerciantes, academia y sociedad civil, y conformará un ámbito conjunto con el ejecutivo comunal para el seguimiento y la rendición de cuentas de los proyectos presentados.
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