El gancho de los descuentos y las promociones contrasta con el elevado costo del financiamiento cuando el usuario incumple el pago total del resumen.
La ausencia de garantías en los créditos al consumo lleva a las administradoras privadas a recargar las sobretasas para cubrir las pérdidas de la morosidad.
Las tarjetas de crédito cobran en Uruguay entre 31% y 66% anual por financiar saldos en pesos en los bancos, y hasta 131% en algunas administradoras de crédito, muy lejos de otros datos de la macroeconomía como la inflación interanual (4,7%) y la Tasa de Política Monetaria (6%).
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Según el último informe de tasas informativas del Banco Central del Uruguay (BCU), correspondiente a setiembre, en las administradoras, Creditel cobra 131,49% en compras en cuotas, la Tarjeta D de Créditos Directos 130% y la Cabal de Retop 128,49% sobre saldos, mientras que la tarjeta de OCA se ubica en 64%. Entre los bancos, el rango va de 31% en la Visa de HSBC a 66% en la Cabal de Bandes.
El BCU calcula por mandato legal las tasas medias a partir de las cuales se fija el tope de usura y para setiembre, la tasa media de referencia para créditos a familias es de 86,12%. Como la Ley 18.212 permite superarla hasta en 55% en créditos menores a 2.000.000 de unidades indexadas, el tope se ubica en 133,49% anual para operaciones de hasta un año.
El 72% de los depósitos del sector privado no financiero estaba en dólares en julio, frente a cerca de 90% a comienzos de los años 2000, según el BCU. Además, 84% de los depósitos se encuentra a la vista, un dato del FMI citado por el organismo que ubica a Uruguay entre los cuatro países del mundo con mayor proporción en ambas categorías.
El BCU sostiene que la brecha no responde a falta de ahorro, sino a cómo se intermedia. En pesos, 94% de los depósitos se canaliza hacia crédito, mientras que en dólares la proporción cae a 37%, porque los bancos colocan buena parte de esos fondos en activos externos líquidos para no generar descalces entre sus deudores. El organismo indica que la preferencia por depósitos en dólares y a la vista incide en la disponibilidad de crédito en pesos, en los plazos y en las tasas.
En diálogo con Ámbito sobre otras posibles causas del encarecimiento de la financiación de gastos con de tarjeta de crédito, el economista de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Nicolás Vidal, y José Licandro, exgerente de política monetaria del BCU, coincidieron en el peso del riesgo de impago.
Licandro enumeró los factores: "Las instituciones financieras tienen cierto poder de mercado para fijar las tasas. Los créditos al consumo que no tienen garantía son complejos de cobrar y eso hace que haya una morosidad importante. Entonces, las instituciones cobran tasas altas para cubrirse de las pérdidas esperadas. Los créditos con garantía, por ejemplo los que te descuentan del sueldo o la jubilación, tienen tasas significativamente más bajas, precisamente porque la morosidad es muchísimo menor".
Sobre los créditos hipotecarios, sostuvo que tienen tasas aún más bajas porque "la garantía hipotecaria es fácilmente ejecutable", lo que hace que "las personas que no pagan serán muy pocas porque pierden la propiedad".
"Las tasas de crédito en Uruguay son muy altas, eso es indiscutible, afirmó Vidal y sobre el contexto de precios, dijo: "No tiene sentido que si tenés una inflación en torno al 4,5% tengas tasas tan altas. En un contexto de inflación más alto, tasas más altas tienen cierta razón de ser, ya que se está protegiendo al que te da el crédito, pero no es el caso".
Vidal sostuvo que "el principal riesgo de quien otorga un crédito es que no le paguen, y en créditos así generalmente no tenés garantías, no es como un crédito hipotecario, donde ponés una garantía". Agregó que el problema es mayor "en segmentos de menores ingresos o mayor inestabilidad laboral", y que quien presta "no sabe distinguir con precisión quiénes son los buenos pagadores y quiénes tienen mayor probabilidad de incumplir". A eso sumó los costos de "evaluar a los clientes, administrar cuentas, procesar pagos y gestionar cobranzas".
Los datos de la Central de Riesgos del BCU muestran una morosidad de 9,6% en el crédito al consumo, frente a 4% en préstamos para automóviles y 0,7% en vivienda. Dentro del consumo, la mora es de 5,1% en los bancos y de 24,4% en las empresas administradoras de crédito. Al 31 de agosto, 299.448 personas, 14,9% de las registradas en la Central de Riesgos, tenían créditos castigados.
Vidal indicó que la tasa depende del tipo de institución y que "no es lo mismo para los bancos que para las administradoras de crédito". Aun así, concluyó: ¿Tiene sentido esa supertasa que estamos viendo? La verdad que no. Para el nivel de inflación que se tiene en Uruguay son simplemente desproporcionales".
Vidal planteó además un factor de comportamiento: "Me da la sensación de que la gente elige una tarjeta u otra en base a los beneficios y los descuentos que tiene (el banco o entidad financiera), como el 2x1 en el cine o en las heladerías, y no tanto en base a la tasa de interés. Te ponen una zanahoria muy linda mientras vos pagues, pero te cobran unos intereses, en caso de que no puedas cumplir, que son leoninos".
Licandro apuntó al Banco República (BROU) y sostuvo que en el crédito al consumo "es líder y, si bien tiene una tasa relativamente baja, sigue siendo alta si se compara con la inflación". Según dijo, ahí influyen “los costos bancarios, que son elevados", y aseguró que el BROU “explota esta línea de crédito como su principal fuente de ganancias; por lo tanto, eso es una decisión política, aunque nadie lo diga". Consultado sobre qué pasaría si el banco estatal bajara sus tasas, respondió: "Seguramente el mercado lo seguiría por su cuota de mercado muy grande".
El proyecto de protección de deudores de bajos recursos, impulsado por el Frente Amplio (FA) y consensuado con Cabildo Abierto (CA), ingresó a Diputados en junio de 2025 y está a estudio de la Comisión de Hacienda. Propone reducir de 55% a 35% el margen por encima de la tasa media del BCU. La iniciativa también crea un mecanismo de reestructuración de deudas y limita prácticas de cobranza consideradas abusivas.
De mantenerse la tasa media actual de 86,12%, el nuevo margen llevaría el tope de 133,49% a 116,26%, según el cálculo con los datos de setiembre. Un documento de trabajo del BCU sobre el período 2012-2024 halló que 6,8% de las operaciones de crédito al consumo, 6,1% del capital prestado, se pactó exactamente en el tope legal.
Licandro opinó que la baja "algún efecto (positivo en el consumidor) tendrá", pero advirtió: "El problema será para los créditos a sola firma, los que no tienen garantía. Ahí puede pasar que mucha gente quede fuera del mercado si las instituciones no tienen cómo mitigar el riesgo de morosidad".
"Yo creo que el BCU no debe intervenir en el mercado. Las personas que toman créditos son adultos y, por lo tanto, responsables de sus decisiones. El control del Banco debe concentrarse en que las instituciones sean claras en lo que le hacen firmar a las personas y en controlar la solvencia de capital de los bancos para que no quiebren. En este país hay mucha gente que pide dinero y después elige no pagar", apuntó.
En tanto, Vidal comentó: "Regular la tasa de interés no es una medida muy liberal, yo no la comparto. No creo que termine siendo del todo efectivo".