El proyecto de ley sobre reestructuración de deudas para personas sobreendeudadas de bajos recursos, que busca bajar los costos del crédito y crear un mecanismo de reestructuración, genera preocupación entre bancos, financieras y otros operadores, ante la posibilidad de que una solución judicial pueda imponerse sobre acreedores que no hayan alcanzado un acuerdo con el deudor.
Deudores: el proyecto que baja los topes de usura y habilita reestructuras forzosas preocupa al mercado
Bancos, financieras y otros operadores sopesan el impacto del proyecto de Cabildo Abierto, que abre la puerta a soluciones judiciales a falta de acuerdos.
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El mercado sigue con atención el proyecto que baja los topes de usura y habilita reestructuras forzosas.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, combina una modificación del régimen de usura con un nuevo mecanismo para que determinados deudores puedan reordenar sus obligaciones, ante el crecimiento de la morosidad. A esto se suma ahora la posibilidad de incorporar al esquema las deudas que los consumidores mantienen con entes públicos, una condición planteada por Cabildo Abierto (CA) en el marco del acuerdo alcanzado con el gobierno por la Rendición de Cuentas.
Para la socia del departamento legal de KPMG Uruguay, Giovanna Lorenzi, el proyecto apunta, en términos generales, a reducir los costos financieros que enfrentan los consumidores y a ofrecer una salida a quienes alcanzaron un nivel de endeudamiento que les impide cumplir con sus obligaciones, según explicó en diálogo con Ámbito.
Un nuevo límite para el costo del crédito
Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la ley de usura. Actualmente, el límite para determinar la existencia de usura se ubica en un 55% por encima de las tasas medias publicadas por el Banco Central del Uruguay (BCU). El proyecto plantea reducir ese margen al 35%. También se propone bajar el límite de los intereses moratorios, que actualmente se encuentra en 80%, al 60%.
Lorenzi explicó que el cambio no supone simplemente comparar la tasa nominal que cobra una institución financiera con la tasa publicada por el BCU. Lo que debe analizarse es la tasa implícita, es decir, el costo efectivo del financiamiento para el consumidor.
La modificación adquiere relevancia porque el proyecto también cambia qué conceptos deben considerarse dentro de ese cálculo. “Hay que ver cuál es la tasa implícita, y ahí implica considerar la tasa nominal por las partes como valor del financiamiento, más otros conceptos que antes estaban excluidos”, señaló la especialista. Entre esos conceptos mencionó determinados gastos administrativos y la prima correspondiente al seguro por saldo deudor, que bajo el régimen actual no necesariamente integran el cálculo utilizado para determinar si se configura usura.
De aprobarse el nuevo esquema, las empresas que actualmente estructuran productos crediticios por encima de los nuevos parámetros podrían enfrentar una reducción de sus márgenes. “Si el proyecto termina siendo sancionado, podría haber una afectación a la rentabilidad de ciertas empresas”, advirtió Lorenzi. En particular, señaló que aquellas compañías cuyos productos superen el nuevo límite del 35% deberán evaluar el impacto sobre su negocio y determinar si continúan volcando fondos al mercado financiero en las mismas condiciones.
Una segunda oportunidad para los deudores
El segundo gran componente del proyecto es la creación de un procedimiento especial de reestructuración de deudas. El mecanismo está dirigido a determinadas personas de bajos recursos cuyos pasivos se hayan originado en créditos al consumo sin garantía real. No se trata, por tanto, de una herramienta aplicable a cualquier deudor ni a cualquier tipo de obligación.
La reestructuración puede incluir quitas, esperas o ambas y tiene dos etapas. La primera es administrativa y se desarrolla ante la Unidad de Defensa del Consumidor. El deudor, o eventualmente un acreedor, puede presentar una propuesta de pago y se convoca a una audiencia con los acreedores involucrados.
Las empresas tienen, además, obligaciones de comparecer y proporcionar información. El proyecto prevé multas de entre 50 y 500 Unidades Reajustables (UR) para quienes no cumplan con esas obligaciones. Si la instancia administrativa no permite alcanzar un acuerdo, el deudor puede acceder a una segunda etapa, esta vez judicial.
Ruido en el mercado por reestructuras obligatorias
Aquí aparece uno de los aspectos que mayor discusión genera entre los operadores del mercado: si tampoco se alcanza un acuerdo, habría una solución, siempre dentro de los parámetros establecidos por la normativa. La resolución podría alcanzar a todos los acreedores del deudor incluidos en el procedimiento, incluso a aquellos que no hayan comparecido.
“Esto ha generado cierto ruido en el mercado”, explicó Lorenzi, al señalar que el diseño implica que, ante la falta de acuerdo, el juez pueda determinar una fórmula de pago sostenible para el deudor y aplicarla obligatoriamente. A modo de ejemplo, si la reestructuración establece una quita del 50%, todos los acreedores alcanzados por el procedimiento verían reducida en esa proporción su posibilidad de cobro.
La preocupación no se limita al sector privado. Según Lorenzi, distintos operadores han concurrido al Parlamento para plantear sus observaciones, mientras que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría manifestado reparos o preocupación respecto del mecanismo de reestructura forzosa.
Protección al consumidor
El proyecto incorpora además un conjunto de disposiciones orientadas a reforzar la protección del consumidor. Entre ellas se encuentra una mayor exigencia de información al sistema financiero y a los organismos públicos. El BCU tendría nuevas obligaciones para proporcionar información sobre créditos, tasas y costos, mientras que Defensa del Consumidor debería elaborar comparativos periódicos para facilitar la elección de los consumidores.
La iniciativa también incorpora disposiciones contra determinadas prácticas abusivas de las empresas de cobranza, especialmente aquellas que impliquen conductas intimidatorias o amenazantes.
Otro cambio relevante apunta a los casos de atraso. Actualmente, los contratos pueden prever que ante determinados incumplimientos se vuelva exigible la totalidad del crédito. El proyecto establece que deberían existir cuatro cuotas impagas antes de que pueda exigirse anticipadamente la totalidad de la deuda. Además, incorpora una suerte de período de gracia: el pago realizado dentro de las 48 horas posteriores al vencimiento sería considerado efectuado en fecha.
Cabildo Abierto quiere incorporar a los entes públicos
El proyecto original no contempla que las deudas con organismos públicos formen parte de la reestructura. Esa posibilidad surgió posteriormente como uno de los planteos de Cabildo Abierto en el marco de las negociaciones por la Rendición de Cuentas.
El cambio puede tener un impacto significativo para aquellos consumidores que, además de mantener obligaciones con bancos, financieras u otros prestamistas, acumulan deudas con organismos estatales. “Lo que está pidiendo Cabildo Abierto es que se incluya a los acreedores públicos para que también estén abarcados en esa eventual reestructura”, explicó Lorenzi.
De concretarse, un consumidor que reúna las condiciones previstas por el proyecto podría eventualmente negociar o reestructurar dentro de un mismo proceso no solamente sus créditos privados, sino también determinadas obligaciones con organismos públicos.
Las empresas siguen de cerca el proyecto
El texto se encuentra todavía en discusión parlamentaria y, según Lorenzi, es probable que la versión final experimente modificaciones respecto de la iniciativa original. La especialista señaló que asociaciones y operadores vinculados al sistema financiero y asegurador ya han concurrido al Parlamento para plantear sus posiciones. “Están siguiendo de cerca cómo avanza este proyecto, porque impacta en cómo van a poder operar a partir de la aprobación de esta ley, si es que se aprueba en estos términos”, sostuvo.
Para las empresas de crédito, el desafío inmediato pasa por medir el impacto de los nuevos topes sobre cada producto, revisar la composición del costo financiero y analizar qué conceptos quedarían incorporados al cálculo de la tasa implícita. El proyecto, en definitiva, coloca en una misma discusión dos objetivos que pueden entrar en tensión: reducir el costo del crédito y ofrecer una salida a los consumidores sobreendeudados, sin generar incentivos que terminen restringiendo la oferta de financiamiento para los sectores de mayor riesgo.
“El sobreendeudamiento es una realidad en nuestro país”, resumió Lorenzi. A su juicio, la iniciativa busca que quienes llegaron a un nivel de endeudamiento que les impide cumplir con sus obligaciones tengan una herramienta para “poder restablecerse y empezar de cero con su hoja limpia”.
El debate parlamentario deberá determinar ahora hasta dónde puede llegar esa protección sin que los nuevos límites y la posibilidad de una reestructura obligatoria terminen encareciendo o restringiendo el crédito para los sectores de mayor riesgo.
