19 de octubre 2023 - 10:53

Lacalle Pou analiza vetar la polémica inhibición a los fiscales

Al presidente no le habría gustado la disposición que generó la declaración de conflicto por parte de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

Fiscalía General
Foto: @FiscaliaUruguay

El Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de vetar el polémico artículo 630 de la Rendición de Cuentas aprobada el martes en el Parlamento, el cual inhibe a los fiscales de desempeñarse como abogado en el ámbito penal privado hasta tres años después de su cese en Fiscalía; algo fuertemente rechazado por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU).

Luego de que los fiscales anunciaran que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el malestar también comenzó a elevarse desde Torre Ejecutiva: al presidente Luis Lacalle Pou no le habría gustado la disposición agregada en el proyecto a pedido de Cabildo Abierto. Por esto mismo, la posibilidad del veto no estaría descartada del todo.

El artículo en cuestión señala que "el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y el Fiscal Adjunto de Corte estarán inhibidos por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros".

La normativa marca un plazo menor para el caso de los fiscales letrados. "En el caso de los Fiscales Letrados con competencia en materia penal estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros".

Si bien también aclara que los fiscales que no se desvinculen con causal jubilatoria recibirán un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad durante el tiempo que dure la inhibición, la disposición fue duramente rechazada por la Asociación de Fiscales, que denunciaron “hostigamiento” por parte de un sector de la política y evalúan elevar el reclamo también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el Ejecutivo todavía no está la decisión tomada sobre qué pasará con este artículo, pero se está estudiando la eventualidad de vetarlo, según informó Subrayado. Principalmente, porque a Lacalle Pou no considera que este tipo de incompatibilidades —de la función pública y privada— sean una buena medida. El presidente tendrá un plazo de diez días para la aplicación del veto antes de la promulgación de la norma, una vez que ésta ingrese al Poder Ejecutivo.

Los fiscales evalúan la inconstitucionalidad

Por su parte, la AMFU presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley de Rendición de Cuentas que establece la inhibición para ejercer el derecho penal en el ámbito privado.

El artículo 630 de la Rendición de Cuentas sigue generando conflicto con los fiscales del país, que denuncian “hostigamiento” por parte de un sector de la política. Tras la aprobación del proyecto de ley, la Asociación de Fiscales buscará avanzar en la supresión de dicho artículo por la única vía que le queda, mientras mantiene las medidas de fuerza: presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

"Una vez promulgada la ley, todavía queda el veto del presidente de la República pero no es muy factible", explicó el presidente de AMFU, Willian Rosa, en diálogo con Radio Universal, en relación a la decisión de avanzar por la vía judicial.

"Hay un ensañamiento contra los fiscales, nadie puede hacerse el desentendido", enfatizó Rosa y lamentó que el pedido de mayor presupuesto haya sido ignorado por cinco rendiciones consecutivas y sin embargo este artículo se haya debatido "en cinco días". "Entró por la ventana a las apuradas", añadió.

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