La mudanza a un predio en Nuevo Paysandú apunta a eliminar la contaminación visual frente a Colón, aunque exigirá tramitar nuevos estudios ambientales.
Mario Lubetkin confirmó que la relocalización de la planta responde a una indicación directa del presidente Yamandú Orsi.
El canciller Mario Lubetkin aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) trabaja para superar los "desencuentros" generados con Argentina por el proyecto de HIF Global, la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la empresa chilena proyecta instalar en Paysandú.
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El jerarca destacó la actitud de ambos gobiernos "de buscar los caminos para eliminar las dificultades y seguir avanzando" y confirmó que la relocalización de la planta responde a una indicación puntual del presidente de la República, Yamandú Orsi, a partir de los pedidos formulados por autoridades nacionales de Argentina y provinciales de Entre Ríos y Colón con el objetivo de "evitar el concepto de la contaminación visual" que generaba la ubicación original del proyecto, prevista a apenas tres kilómetros de la costa argentina. "Estamos buscando el mejor lugar para desarrollarlo", indicó el canciller.
Ante las acciones judiciales que continúan en curso en la Justicia argentina, Lubetkin llamó a hacer una lectura del "esfuerzo mancomunado" que realizan ambos gobiernos "para evitar todo tipo de problemas y reforzar todo tipo de acciones que permitan reforzar en un mundo que está cambiando muy velozmente".
El plan original de HIF Global contemplaba una inversión total de 5.385 millones de dólares e implicaba instalar la planta a 15 kilómetros de Paysandú, frente a la costa de la ciudad argentina de Colón, con un parque de energía solar, uno eólico y una planta capaz de producir hasta 876.000 toneladas de metanol al año a partir de hidrógeno verde. Según datos de la propia empresa, el trámite de autorización ambiental en Uruguay se había iniciado en el primer trimestre de 2024, la Viabilidad Ambiental de Ubicación (VAL) se obtuvo en el último trimestre de 2025, y en marzo de este año la compañía presentó ante el Ministerio de Ambiente la solicitud de autorización ambiental previa.
El nuevo emplazamiento en estudio ubicaría la planta unos 10 kilómetros más alejada de su localización original, en un predio de Nuevo Paysandú próximo a las plantas de portland, combustible y ALUR, actualmente ligado a Ancap. La propuesta surgió de un edil del Movimiento de Participación Popular (MPP) de Paysandú y fue llevada por el intendente sanducero, Nicolás Olivera, hasta la Torre Ejecutiva, donde según fuentes cercanas al gobierno tuvo "buena recepción".
El proceso de relocalización estuvo marcado por un episodio de confusión dentro del propio oficialismo. A fines de agosto, Orsi había afirmado en una rueda de prensa en Guichón, Paysandú, que Argentina había retirado la denuncia penal presentada contra el proyecto, calificando esa supuesta decisión como "una buena noticia a nivel diplomático". Sin embargo, la fiscal federal argentina Josefina Minatta, quien impulsó esa denuncia penal por presunto daño ambiental en febrero, desmintió esa versión: "Yo no retiré ninguna denuncia. Los Amicus Curiae tampoco. La causa sigue en pie", declaró, y agregó que no había "ninguna información cierta" sobre la relocalización.
Días después, el propio secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, corrigió al mandatario y confirmó que la denuncia argentina "sigue en pie", atribuyendo la confusión a que Orsi se había referido en realidad a otros planteos distintos vinculados al reclamo original por el impacto visual sobre la ciudad de Colón.
Además de la causa penal, sigue en curso en la Justicia Federal argentina una acción civil preventiva por daño ambiental, presentada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay bajo el expediente 3276/2026, contra HIF Global y el Estado uruguayo. Esa causa continúa activa: esta semana la Justicia argentina fijó fecha para que una perito bióloga tome muestras de las aguas del río Uruguay, en el marco de las medidas de prueba ordenadas en el expediente.
Además del conflicto diplomático por la ubicación, el proyecto sigue negociando un aspecto clave para su viabilidad económica, el precio de la energía que le proveerá UTE, que representa una porción central del costo final del proceso productivo. Según había señalado Orsi la semana pasada, las conversaciones entre el Estado y HIF Global en ese frente "vienen bien" y "se acercaron los números", aunque el propio mandatario reconoció que la relocalización del proyecto implica la realización de nuevos estudios de impacto ambiental que podrían demorar los plazos originales: "La relocalización implica nuevos estudios de impacto, pero la idea no se detuvo. Lo que se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca".