21 de febrero 2024 - 10:00

Martinelli y Arbeleche comparecerán ante el Parlamento por el "precio" al turismo fluvial y marítimo

Los ministros del Interior y de Economía y Finanzas deberán explicar irregularidades en el proceso de licitación, entre otras cosas.

Martinelli y Arbeleche deberán dar explicaciones ante el Parlamento uruguayo por el precio por servicio de seguridad.

Martinelli y Arbeleche deberán dar explicaciones ante el Parlamento uruguayo por el precio por servicio de seguridad.

Los ministros del Interior, Nicolás Martinelli, y de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, serán citados al Parlamento para explicar y fundamentar la decisión del Poder Ejecutivo de aplicar un precio por servicio de seguridad de 2,10 dólares más IVA al turismo fluvial y marítimo en Uruguay; con el objetivo de financiar modernizaciones en el sistema de control migratorio.

Si bien la idea comenzó a tomar forma oficialmente a mediados de setiembre, el decreto que oficializó la medida y la licitación tiene fecha del 31 de enero, y la aplicación efectiva del nuevo “precio” comenzará en marzo. Sin embargo, la confirmación de este costo adicional sobre los pasajes de ingreso y egreso del país por vía marítima y fluvial generó rechazo en diversos sectores —como las navieras que actuarán como agentes de retención y la Asociación Turística de Colonia. En el mejor de los casos, surgieron las dudas.

Por este motivo, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valodmir resolvió convocar a los ministros Martinelli y Arbeleche —cuyas carteras aparecen como firmantes del decreto, junto con el presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)—, según dijo a El País.

Asimismo, para el legislador opositor, la licitación que adjudicó a la empresa mexicana Veridos S.A. la administración del sistema de control migratorio dejó a la vista algunas irregularidades que espera resolver con la comparecencia de los jerarcas en la Cámara de Diputados. Entre ellas, señaló que el proceso fue observado dos veces por el Tribunal de Cuentas ya que la firma adjudicataria nunca presentó la garantía exigida de 200.000 dólares en los plazos que correspondían.

Las críticas recibidas

Tras la publicación del decreto, fueron varias las voces críticas elevadas al respecto. Tal fue el caso de la Asociación Turística de Colonia, que envió una carta al presidente y a los ministerios involucrados —incluyendo el de Turismo, a pesar de no haber firmado la disposición—, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendrá esta medida sobre el turismo del departamento.

“Identificamos esto como una situación negativa para con Colonia porque es donde más impacta el costo del pasaje: nuestro destino es el destino de menor permanencia en horas de un turista en Uruguay y tenemos una cantidad de visitantes en el día muy grande. No es lo mismo el impacto de 2,10 dólares más IVA dentro de, supongamos, un presupuesto de 5.000 dólares en Punta del Este o en un crucero que en un pasaje donde este impacto es un promedio de alrededor del 10% del pasaje anualizado”, explicó a Ámbito el presidente de la Asociación Turística, Andrés Castellano.

Además, también tienen dudas: “¿Qué pasa con la frontera seca, por qué se cobra solo a la marítima y fluvial, qué va a pasar con los puentes donde no hay una entidad recaudadora como las navieras?”, se preguntó el empresario.

A la par, las navieras que operan en Colonia, Buquebus y Colonia Express, presentarán un recurso contra el precio por servicio de seguridad con el objetivo de revocar la medida, en tanto entienden que, por una parte, ésta viola el principio de igualdad ante las cargas públicas —ya que se cobraría solo a los que viajen en barco un servicio fronterizo que se brindará a todas las personas que entren y salgan del país, indistintamente de la vía por la cual lo hagan—; y que, por otra parte, no se consultó con las empresas que, en el esquema de recaudación, deberán actuar como agentes de retención.

Los especialistas tributarios, por su parte, señalan la presencia de un “impuesto encubierto” e “ilegal” que no se procesó por vía legislativa, como corresponde.

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