La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) convocó a las empresas que estén interesadas en ejecutar la represa sobre el Arroyo Casupá, la iniciativa a la que apostará el gobierno tras la cancelación del proyecto Arazatí.
La empresa estatal informó que la apertura de ofertas tendrá lugar el próximo jueves 25 de setiembre.
Ose convoca a las empresas que estén interesadas en realizar las obras para la represa de Casupá.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) convocó a las empresas que estén interesadas en ejecutar la represa sobre el Arroyo Casupá, la iniciativa a la que apostará el gobierno tras la cancelación del proyecto Arazatí.
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Mientras sigue la polémica por los cambios en el contrato que contemplaba una planta potabilizadora en San José, que finalmente se hará en Aguas Corrientes, OSE lanzó el Llamado a Expresión de Interés Nº 1/2025 para la precalificación de firmas que busquen realizar las obras.
Las compañías que estén interesadas pueden presentar solicitudes hasta el 11 de setiembre y pedir prórrogas por una semana más. En tanto, el acto de apertura de las ofertas tendrá lugar el próximo jueves 25 de setiembre, a las 14 en la sede central de la empresa estatal,
Desde OSE recordaron que las bases del llamado están disponibles en el portal de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y a su vez extendieron la invitación a las empresas constructoras con habitualidad en contratos, además de a la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU).
Mientras la empresa pública avanza con la nueva iniciativa, continúan las críticas de la oposición a la cancelación de la obra en Arazatí, con calificativos como “capricho monárquico”, tal como sostuvo el senador del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, junto con cuestionamientos por apartarse de lo que consideraban una iniciativa a largo plazo.
En defensa de la resolución se expresó la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien apuntó: “Me sorprendió escuchar al que era viceministro de Ambiente, (Gerardo) Amarilla, diciendo que esto era una política de Estado y que no se podía dar marcha atrás”.
“No, no era una política de Estado. Esto se firmó tres o cuatro días antes de que el gobierno terminara”, cuestionó la decisión de Luis Lacalle Pou al considerar que lo hizo “sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo”.
Topolansky apuntó que la iniciativa “no se convenió” y aclaró que existe “una cantidad de informes técnicos” en contra de Arazatí, quien consideró que la resolución del gobierno de Yamandú Orsi supone “un camino serio”, para rematar: “No creo en eso que se dice de que lo hicimos ni por razones ideológicas ni por sacarnos las ganas”.
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